La ONU se pronuncia por reforma al Código Procesal Penal

La reforma al Código Procesal Penal hecha por los parlamentarios sandinistas establece que una persona podrá ser detenida hasta 90 días cuando se encuentre bajo investigación si se le vincula a la posible comisión de un delito

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la reforma al Código Procesal Penal que recientemente fue llevada a cabo por el parlamento nicaragüense controlado por Daniel Ortega y su FSLN, en la cual establece que una persona podrá ser detenida hasta 90 días cuando se encuentre bajo investigación si se le vincula a la posible comisión de un delito.

Hasta antes de la reforma, la Ley permitía un máximo de 48 horas para privar de libertad a una persona sospechosa, pero ahora el plazo se ha ampliado hasta un aproximado de tres meses. OACNUDH valora como «contraria a la Constitución y los estándares internacionales» esta reforma, debido a que «permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener», señala el organismo a través de sus redes sociales.

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La oficina que dirige Michelle Bachellet también resuelve que la reforma violenta el principio de presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle las acusaciones que se hacen a una persona para que sea privada de libertad, y además pone en riesgo la integridad y seguridad de los ciudadanos que sean detenidos ya que permanecerán sin un control judicial efectivo durante el tiempo de la detención.

«OACNUDH exhorta al Estado de Nicaragua a revisar esta reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», indica el organismo de Naciones Unidas.

 

Esta reforma al Código Procesal Penal se une al combo de leyes e iniciativas jurídicas que el gobierno de Daniel Ortega ha impulsado en los últimos meses y que la oposición política del país considera que forma parte de la represión emprendida en su contra, y que más bien buscan castigarlos e inhibirlos por simplemente ser detractores del mandatario sandinista.

Además de la reforma al CPP, también se ha llevado a cabo una reforma constitucional para imponer Cadena Perpetua a ciudadanos que cometan «crímenes de odio», los cuales serán considerados como tal para casos de femicidio, asesinatos, violaciones o demás crímenes que causen conmoción nacional, de acuerdo a lo establecido en la reforma al Código Penal que se promovió para reglamentar la imposición de la pena perpetua.

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De igual manera, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros son otras dos armas con las que cuenta la administración de Ortega para bloquear las acciones que emprende la oposición política del país y los periodistas que critican la gestión gubernamental.

Además la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, es otra de las armas con las que cuenta Ortega precisamente para inhibir a opositores tildados como «golpistas» para que no puedan optar a un cargo de elección popular.

 

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