La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la reforma al Código Procesal Penal que recientemente fue llevada a cabo por el parlamento nicaragüense controlado por Daniel Ortega y su FSLN, en la cual establece que una persona podrá ser detenida hasta 90 días cuando se encuentre bajo investigación si se le vincula a la posible comisión de un delito.
Hasta antes de la reforma, la Ley permitía un máximo de 48 horas para privar de libertad a una persona sospechosa, pero ahora el plazo se ha ampliado hasta un aproximado de tres meses. OACNUDH valora como «contraria a la Constitución y los estándares internacionales» esta reforma, debido a que «permite detener para investigar, en lugar de investigar para detener», señala el organismo a través de sus redes sociales.
Aprueban reforma al Código Penal de Nicaragua
La oficina que dirige Michelle Bachellet también resuelve que la reforma violenta el principio de presunción de inocencia y el derecho a conocer sin demora y en detalle las acusaciones que se hacen a una persona para que sea privada de libertad, y además pone en riesgo la integridad y seguridad de los ciudadanos que sean detenidos ya que permanecerán sin un control judicial efectivo durante el tiempo de la detención.
«OACNUDH exhorta al Estado de Nicaragua a revisar esta reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», indica el organismo de Naciones Unidas.
#OACNUDH exhorta al Estado de #Nicaragua a revisar esta reforma aportando los correctivos que garanticen el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de #DDHH y ofrece su apoyo y asesoría técnica a las autoridades (3/3)
— OACNUDH (@OACNUDH) February 3, 2021
Esta reforma al Código Procesal Penal se une al combo de leyes e iniciativas jurídicas que el gobierno de Daniel Ortega ha impulsado en los últimos meses y que la oposición política del país considera que forma parte de la represión emprendida en su contra, y que más bien buscan castigarlos e inhibirlos por simplemente ser detractores del mandatario sandinista.
Además de la reforma al CPP, también se ha llevado a cabo una reforma constitucional para imponer Cadena Perpetua a ciudadanos que cometan «crímenes de odio», los cuales serán considerados como tal para casos de femicidio, asesinatos, violaciones o demás crímenes que causen conmoción nacional, de acuerdo a lo establecido en la reforma al Código Penal que se promovió para reglamentar la imposición de la pena perpetua.
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De igual manera, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros son otras dos armas con las que cuenta la administración de Ortega para bloquear las acciones que emprende la oposición política del país y los periodistas que critican la gestión gubernamental.
Además la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, es otra de las armas con las que cuenta Ortega precisamente para inhibir a opositores tildados como «golpistas» para que no puedan optar a un cargo de elección popular.
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