Dictaminan reforma que podría proteger a entidades y funcionarios sancionados. Esta semana podría ser aprobada

El dictamen de la iniciativa de reforma indica que es "importante" la aprobación de esta reforma obviando la alerta emitida por los banqueros de que Nicaragua podría ser excluida del Sistema Financiero Global

La Reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias ha sido dictaminada por la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional y estaría lista para su aprobación el día de mañana martes o el siguiente miércoles 03 de febrero, informaron fuentes legislativas a Nicaragua Investiga.

El dictamen de la iniciativa de reforma indica que es «importante» su aprobación obviando la alerta emitida por los banqueros de que Nicaragua podría ser excluida del Sistema Financiero Global, además de que generaría el cierre de las corresponsalías bancarias internacionales y afectaría las importaciones y exportaciones.

Esta reforma establecería que por Ley las instituciones financieras deban mantener vínculos con funcionarios públicos o entidades estatales, sin importar las sanciones impuestas por Estados Unidos y estén señalados de Lavado de Dinero, Corrupción o violaciones a los derechos humanos.

El inciso 10 del artículo 9 de esta Ley será reformado y ahora establecerá que los proveedores de servicios «no podrán negar la atención de solicitudes, ni cancelar contratos o transacciones». Es decir, que si uno de los 28 funcionarios sancionados por Estados Unidos desea algún tipo de servicio financiero, la entidad a la que se lo solicite estará obligada a aceptar esa solicitud y asumiría todas las consecuencias de establecer relación con una persona sancionada por Lavado de Dinero.

Las graves consecuencias de que Nicaragua entre a la lista negra del GAFI

En caso de que la entidad financiera opte por suspender o cancelar contratos con algún nuevo sancionado a partir de la aprobación de estas reformas, su acción deberá «estar fundadas en Ley expresa, en normativas o resoluciones que para tal efecto emita el respectivo ente regulador y/o en causa jurídicamente justificada», además de que el proveedor deberá notificarle a la persona de su decisión.

Esta reforma ahora reconocerá a funcionarios públicos e instituciones como consumidores o usuarios lo cual hiciera que los diputados liberales Azucena Castillo y Walter Espinoza emitieran un voto razonado en donde critican que esta reforma busca igualar al gobierno y sus funcionarios con los consumidores lo cual no puede ser así porque no se trata de un derecho del Estado.

El proceso de consulta fue llevado a cabo con instituciones gubernamentales como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, el Consejo Nacional de Microfinanzas, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, entre otros entes controlados por el partido de gobierno.

La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Nicaragua Investiga

Según el dictamen, «la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (ASOBANP) participó en el proceso de consulta presentando sus planteamientos por la vía escrita, siendo los mismos analizados por esta Comisión y retomándose algunos para el fortalecimiento de este Dictamen».

Los banqueros enviaron recientemente una carta a esta comisión para expresar su oposición a la aprobación de estas reformas que podrían traer graves consecuencias a la economía nacional e incluso advirtieron que «el país podría entrar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional».

Los diputados que integran la Comisión Económica de la Asamblea valoran que la aprobación de esta reforma antepone los principios de igualdad y no discriminación establecidos en los artículos 5 y 6 de la Constitución Política del país.

En respuesta a la carta enviada por ASOBANP, el dictamen indica que «esta reforma está en consonancia con las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, relativas al lavado de dinero, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y sus financimientos (…) desde ningún punto de vista se pretende poner en obstáculos al deber de ejecutar todas las medidas dictadas y necesarias» para el combate a esas materias.

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