La detención del opositor y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua, José Adán Aguerri, ha provocado el rechazo de distintas cámaras empresariales de Centroamérica; desde las cuales se demanda su pronta liberación al gobierno de Daniel Ortega.
Cosep demanda a Ortega «cese a los allanamientos y detenciones arbitrarias»
Las Cámaras de Comercio Americanas (AmCham) en Centroamérica se pronunciaron recientemente ante «las violaciones a los derechos fundamentales de la sociedad nicaragüense» y aseguran que «las acciones represivas del régimen gobernante para silenciar las demandas sociales y de oposición, son un atentado contra la democracia».
Asimismo, sostienen que la vigilancia de parte de la Policía Nacional hacia el expresidente de AmCham Nicaragua, Mario Arana, y el reciente arresto de José Adán Aguerri, «demuestran que la iniciativa privada es blanco de las acciones indiscriminadas del gobierno«.
De hecho, solo un día después de la detención de Aguerri, el periodista sandinista William Grigsby, emitió fuertes amenazas en contra de empresarios y sacerdotes por considerarlos como los «autores intelectuales» del estallido social de 2018. Grigsby aseguró que «los magnates, los de saco y corbata, los que no tuvieron un solo muerto y contrataron a quienes estuvieron en los tranques, están capilla» y que serían los próximos en caer presos.
Este viernes 11 de junio, Grigsby mostró unos supuestos «documentos que prueban» que el Cosep es un agente extranjero, a través de estos aseguró que el gremio empresarial recibe dinero del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos con sede en Washington, para «pagar a los abogados que defienden a los presos políticos».
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El oficialista arremetió en contra del presidente del sector privado, Michael Healy, quien aseguró que está «escondiéndose» pero que la Policía Nacional ya lo tiene localizado, asimismo advirtió que el Cosep debería registrarse como agente extranjero ante el Ministerio de Gobernación (Migob) ya que de no hacerlo este podría ser disuelto.
Intervención del SICA
El Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) —que representa al sector empresarial en Centroamérica y que es presidido por Aguerri— urgió la intervención de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) «como entidad facultada para velar por el cumpliento de los objetivos regionales y evitar cualquier situación que pueda afectar los principios del SICA».
El CCIE asegura que la detención de Aguerri «atenta contra la institucionalidad, respeto a los derechos humanos fundamentales, libertad, seguridad y democracia de Centroamérica» y han demandado al gobierno de Nicaragua la pronta liberación de su presidente.
Este mismo viernes 11 de junio, los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España, países miembros del SICA, han expresado preocupación por las recientes acciones gubernamentales e instan a Nicaragua a liberar a los líderes políticos.
Riesgos comerciales
La agudización de la crisis sociopolítica en Nicaragua sumado a las recientes detenciones arbitrarias del gobierno ponen en riesgo la estabilidad comercial del país, pues «crean un ambiente de hostilidad para el clima de negocios y la atracción de inversión extranjera directa», según advierten las AmChams de Centroamérica.
«Nicaragua necesita del apoyo internacional para tener la certeza jurídica que les permita desarrollar sus negocios de forma segura y dentro del Estado de derecho» valoran a través de su pronunciamiento.
Economistas nicaragüenses ya habían alertado que al tratarse de un año electoral, la incertidumbre prevalece y afecta la recuperación económica del país; y que dependerá del resultado de las elecciones del 7 de noviembre, el nuevo rumbo comercial y de inversión que tomará Nicaragua.
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