Luego de un largo silencio por parte del sector privado en medio de las embestidas del gobierno sandinista en contra de opositores, empresarios y periodistas, la mañana de este jueves, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), exigió el «cese» de los «allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias» y que se permita el «retorno seguro de más de 100 mil exiliado» para «restaurar» la paz y la democracia en el país.
«Como entidad gremial empresarial, demandamos una vez más el cese a la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y que se permita la celebración de elecciones libres y transparentes a como lo establece la Carta Democrática Interamericana a la cual estamos obligados» expresó el comunicado.
Unión Europea y Estados Unidos se pronuncian ante recientes hechos en Nicaragua
El Cosep, una entidad gremial que integran 26 cámaras empresariales, agregó que respalda las «demandas de las Madres de Abril y de los presos políticos, así como el retorno seguro de más de 100 mil exiliados» con el fin de asumir «el compromiso para la restauración de La Paz e institucionalidad democrática del país».
José Adán Aguerri, expresidente del Cosep y ahora detenido por la Policías Nacional. NI
Así mismo, el gremio denunció que continúan los «abusos» de parte del gobierno de Ortega contra «los nicaragüenses que pensamos diferente» pese a los continuos llamados de la comunidad internacional para conducir el país hacia la democracia con un proceso electoral transparente.
«Elevamos nuestra voz para que el pueblo de Nicaragua sepa que respaldamos a Cristiana, Arturo y a todos los detenidos que por razones políticas están tras las rejas» sostuvo el Cosep.
Esta mañana también se pronunció un eurodiputado de la Unión Europea con una carta contundente en la que exigió a Ortega poner fin a las continuas acciones en contra de los nicaragüenses opositores, o de lo contrario, esta entidad geopolítica podría suspender los acuerdo de cooperación con Nicaragua.
Así afectarán las sanciones a Camila Ortega y otros tres funcionarios de Ortega
Los pronunciamientos se dan en un contexto en que Estados Unidos aplicó sanciones a cuatro funcionarios públicos del gobierno sandinista. Esta sería la primera medida de la administración del demócrata Joe Biden, para presionar a Ortega a que se establezca la democracia a través de un proceso electoral.
Por su parte, el gobierno de Nicaragua se pronunció en rechazo y consideró estas sanciones como «medidas injerencistas» hacia la «soberanía» del país.
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