Ortega se venga de los empresarios, tras romperse definitivamente el modelo de «diálogo y consenso»

Daniel Ortega toma venganza contra grandes empresarios nicaragüenses, luego de tres años de romper con el "diálogo y consenso", acuerdo donde se aprobaban leyes sin importar la democracia del país.

Analistas políticos consultados por este medio han señalado que Daniel Ortega está tomando venganza en contra de los empresarios nicaragüenses, luego de abrir una serie de investigaciones en la Fiscalía en contra de los organismos que dirigieron o de los cuales fueron directivos. La arremetida es frontal al arrestar a banqueros, congelar cuentas bancarias, ordenar restricción migratoria y levantamiento de sigilo bancario y tributario.

La venganza se consuma luego que la empresa privada mantuvo por más de diez años un “modelo de diálogo y consenso” con el gobierno de Ortega, pero este se rompió por los acontecimientos de abril de 2018. Las embestidas se dan en un año electoral y en el que el gran capital juega un papel importante para apoyar las campañas políticas de opositores; sin embargo, esto está en riesgo con las fuertes arremetidas financieras.

Durante una entrevista al medio Reuters, un empresario señaló que dinero había para apoyar candidaturas presidenciales independientes.

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La reciente acción que realizó Ortega a través de la justicia que controla, fue que a los banqueros y empresarios reconocidos se les congelaron las cuentas bancarias 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

Primera venganza: primer empresario preso

El primer empresario arrestado fue José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), patronal más importante del país. Aguerri lideró el organismo empresarial por 13 años, y fue uno de los defendió férreamente el acuerdo entre el sector privado y el gobierno sandinista, además de ser un efectivo interlocutor entre grandes empresarios y el mandatario sandinista.

Este acuerdo permitió a Ortega dirigir el país con el visto bueno de los empresarios nicaragüenses, dándoles privilegios para negociar leyes con el gobierno sandinista, sin importar la democracia del país. Incluso, se llegó hasta proponer la instalación de una oficina dentro de la Asamblea Nacional y facilitar el proceso de gestión para el sector empresarial.

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Daniel Ortega junto a reconocidos empresarios nicaragüenses. Foto | Prensa oficialista

Los empresarios lograron consensuar con Ortega al menos 124 de 326 leyes antes de su aprobación, que consistió entre el periodo 2008 – 2018, año en que la rebelión de abril explotó y la empresa privada rompió el acuerdo luego que el gobierno de Ortega aprobó unas reformas a la seguridad social que no les fueron consultadas y que les perjudicaban.

Ahora que el expresidente del Cosep, quien promovió y defendió este modelo, estará bajo las rejas por tres meses por la «ampliación de las investigaciones en su contra», ya que se le apresó citando la Ley 1055, que penaliza a quienes soliciten o aplaudan sanciones internacionales o intervenciones militares extranjeras.

La venganza de Ortega subió de tono esta semana y alcanza ahora a los banqueros, quienes se rehusaron de mantener cuentas abiertas a funcionarios sancionados por los Estados Unidos para evitar consecuencias en su funcionamiento con las corresponsalías en otros países, que les permiten realizar transferencias internacionales.

Luis Rivas, primer banquero preso

Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, es el primer banquero preso en el país, y la amenaza se extiende para dos más: Juan Carlos Sansón Caldera, gerente general del Banco de América Central (BAC), y Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, secretario del Banco Avanz.

La amenaza es latente para ambos banqueros. Sansón Caldera se presentó a la Fiscalía, pero puede ser arrestado como sucedió con Rivas, quien fue apresado a pesar de comparecer ante el Ministerio Público. Igualmente puede pasar con Mendieta Chamorro, él no pudo asistir por encontrarse fuera del país y presentó un escrito por medio de su esposa.

Sin embargo a Sansón, este mismo 17 de junio se le congelaron sus cuentas, se le levantó el sigilo bancario y tributario y se le aplicó restricción migratoria.

Empresaria dice que “no sabe si es una amenaza”

María Eugenia Mayorga, expresidenta de la Red De Empresarias de Nicaragua (REN), se refirió sobre el encarcelamiento a líderes empresariales y alegó que no está segura si es una amenaza directa contra el sector empresarial.

“No te sabría decir si es una amenaza, no ha habido una amenaza verbal como tal. Son acciones que está tomando el gobierno actualmente, no sé si es una venganza, no estoy segura. Tampoco quiero afirmarlo porque no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto”, dijo.

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La empresaria manifestó que hay irrespeto hacia los derechos humanos y es lo principal en este momento. “La incertidumbre sociopolítica en el país genera inestabilidad económica a todos y eso  nos afecta a todos”, advirtió.

“¡Que quiebren las empresas!”

Las amenazas no vienen desde ahora. En el 2019, Ortega criticó a los empresarios porque pedían exoneraciones y no pagaban impuestos, ahora es un arma que ejecuta contra ellos. “¿Qué están quebrando algunas (empresas)?, ¡qué quiebren!”, gritó el mandatario en ese entonces.

“Ya se les olvidó a los ricachones que disfrutaron del Alba”, les recriminó. “Ahí tenemos la documentación de las operaciones económicas, financieras, de las cuales ellos se beneficiaron”, sentenció el comandante en otro discurso.

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, también amenazó en su momento a los empresarios y los llamó corruptos. “Nadie puede olvidar, quienes despidieron a más de 160, 000 trabajadores de sus empresas privadas; quienes aprovecharon para cerrar negocios, fracasados desde antes, por malas prácticas y corrupción visible e invisible”, escribió en un escrito.

Daniel Ortega mantuvo un acuerdo con los empresarios por más de diez años. Foto | Prensa oficialista

El sector empresarial fue uno de los ausentes en las protestas de los sindicatos, la cual permanece controlado por el gobierno sandinista. Los empresarios en su momento, evitaron hablar de salarios mínimos y el aumento que efectuaban era una poquedad.

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Además, los ejecutivos empresariales fueron los primeros en respaldar los cambios a la Constitución Política, reformada para que se instaurara la reelección continua en la presidencia.

Ahora, Daniel Ortega toma venganza contra ellos con mano de hierro en un año electoral, donde busca enroscarse más en el poder sin importarle el gran capital, a pesar que mueve la economía del país y genera empleos.

Tampoco le parece importar la incertidumbre que genere en la banca nacional por posibles arrestos a banqueros, lo cual podría generar caos entre los ahorrantes y el mismo sistema financiero.

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