HRW recomienda a comunidad internacional que sanciones incluyan a Daniel Ortega

La organización Human Rights Watch reconoció este martes que, ante la creciente represión gubernamental en Nicaragua, las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben prestar mayor atención al rol que juegan respecto a la crisis; por lo que les extendió una serie de recomendaciones con el fin de redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses.

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En su informe titulado “Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, reconoce que los arrestos de líderes de alto perfil de la oposición a pocos meses de las elecciones presidenciales «parecen formar parte de una estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo».

Cinco precandidatos presidenciales de la oposición permanecen bajo detención en Nicaragua | Foto: NI

Durante el último mes, las autoridades nicaragüenses han detenido e iniciado procesos penales arbitrarios contra cinco de los principales precandidatos presidenciales de la oposición y al menos otras nueve personas críticas del gobierno sandinista, incluidas activistas y empresarios.

«Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional», señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Nicaragua a la agenda del Consejo de Seguridad

HRW señala que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, debería «sobre la base de su llamado a la acción por los derechos humanos» invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, para presentar la crisis en Nicaragua al Consejo de Seguridad e instar a sus miembros a que lleven a cabo una sesión abierta sobre este tema.

La organización sostiene que los miembros del Consejo de Derechos Humanos deberían exhortar al Consejo de Seguridad de la ONU «a que apoye los esfuerzos de la OACNUDH y del Consejo de Derechos Humanos con respecto a Nicaragua». Asimismo, detalla que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberían incluir a Nicaragua a la agenda del Consejo de Seguridad y «considerar la implementación de sanciones individuales contra los responsables de graves violaciones de derechos humanos».

La última reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua fue en septiembre de 2018, a petición de Estados Unidos. En dicha ocasión, HRW instó a los países miembros de la ONU a presionar a Nicaragua para que cesara la represión contra manifestantes, disolviera los grupos armados partidarios del gobierno y juzgara a los responsables de violaciones de derechos humanos.

¿Más sanciones?

De cara a los comicios electorales del 7 de noviembre de este año, el presidente Daniel Ortega ha iniciado «una campaña de detenciones arbitrarias y persecución contra críticos» de su administración, tal y como lo reconoce HRW. Por lo que, según Vivanco, «los altos funcionarios de la ONU y los países miembros podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión».

La organización de derechos humanos ha recomendado a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, los gobiernos de América Latina «y otros gobiernos preocupados por la situación» en Nicaragua; ejercer presión sobre el gobierno de Ortega para que autorice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) a que vuelvan a ingresar al país.

Asimismo, recomienda «imponer sanciones individuales (o mantenerlas, si ya se han implementado), incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de las violaciones de derechos humanos».

Entre los funcionarios incluidos en la lista de HRW para que se les apliquen sanciones se encuentra el propio Daniel Ortega, «jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio».

El mandatario nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra | Foto: Maynor Valenzuela / AFP

En el informe se detalla que el gobierno de Ortega «ha reprimido selectivamente a defensores de derechos humanos mediante amenazas de muerte, ataques físicos, detenciones arbitrarias, allanamientos abusivos y cierres forzosos de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, así como con legislación abusiva que restringe la libertad de expresión, de reunión y de asociación».

Otras de las figuras incluidas es la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario María Murillo Zambrana, «quien generalmente se considera que comparte las facultades presidenciales» señala HRW, y a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado como la «copresidenta de facto» de Nicaragua y que se ha indicado tiene «acceso e influencia» sobre la policía.

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El resto de funcionarios en lista para ser sancionados, o que se les mantengan las sanciones, serían el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y aliado cercano del gobierno; el diputado y jefe de la bancada oficialista, Edwin Castro; la Fiscal General, Ana Julia Guido Ochoa, quien fue nombrada en 2014 y continúa en el cargo a la fecha, y quien encabezaba el Ministerio Público cuando se produjeron procesos penales arbitrarios contra opositores durante las protestas de 2018; y el Director General de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre la fuerza.

De igual forma, la organización llama a través de su informe a los Estados Miembros de la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a «ejercer la jurisdicción penal, en la medida en que lo permita el derecho interno, respecto de funcionarios nicaragüenses responsables de torturas, de conformidad con el artículo 5 de la Convención contra la Tortura de la ONU».

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