La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresaron este 25 de junio su preocupación por el reciente cierre de las oficinas de la Unidad Médica Nicaragüense ante el incremento del asedio contra integrantes y pacientes del centro durante las últimas semanas.
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En su pronunciamiento, la CIDH y su Relatoría Especial reconocen la labor de la Unidad Médica «para informar sobre la situación de la pandemia ante falta de información oficial; labor que causó que sus integrantes sufrieran actos de acoso y hostigamiento por parte del Estado de Nicaragua».
De igual forma, urgen a la administración de Daniel Ortega a cesar «la represión y hostigamiento contra profesionales de la salud que son de oposición» a su gestión. Así como a garantizar el derecho a la salud «por encima de cualquier consideración partidaria o política».
Tensiones con médicos
El presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, el doctor José Vásquez, informó el pasado miércoles que algunos de sus miembros están siendo amenazados en redes sociales, por lo que han tenido que tomar medidas de seguridad, bajar el perfil, e incluso resguardarse, confirmando que algunos expertos de la salud han debido hasta exiliarse.
La comunidad médica nicaragüense ha sido víctima de persecusión por parte de las autoridades desde 2018, y las tensiones han incrementado en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Muchos han sido despedidos u objeto de amenazas por cuestionar la gestión de las autoridades ante la emergencia sanitaria, la cual es señalada como una de las menos transparentes en cuánto a información de muertes, casos activos o de aplicación de vacunas en su población.
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A pesar de las tensiones, los médicos de la Unidad Médica aseguran que continuarán atendiendo a los pacientes que lo requieran, solo que de una vía distinta ahora que su sede se encuentra oficialmente cerrada.
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