La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a través de una Resolución que fue emitida el pasado 24 de junio, que se otorguen medidas cautelares a favor de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, todos extrabajadores de la Fundación Chamorro, la cual se encuentra bajo investigación por un supuesto caso de lavado de dinero.
El organismo internacional reconoce que «a raíz de la posible candidatura de Cristiana Chamorro Barrios a la presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas». El caso se considera como una herramienta del presidente Daniel Ortega para sacar de la contienda electoral a quien sería la precandidata presidencial que podría resultar ganadora en las urnas el próximo mes de noviembre.
La Comisión ha solicitado al gobierno de Nicaragua que, adopte las medidas necesarias «para proteger los derechos a la vida e integridad personal» de Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Lourdes Arróliga; adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias que se encuentran privadas de la libertad se adecúen a los estándares internacionales aplicables; e informe sobre las acciones adoptadas en un plazo de 15 días.
Caso FVBCH
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) publicaba desde 2018 diversos informes recopilando los actos de agresión contra personas en el ejercicio de su derecho a la libertad de prensa e información. Aunque en febrero de 2021, decidió cerrar operaciones tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
Cristiana Chamorro, quien presidía la fundación, había exteriorizado desde inicios del año 2021 sus intenciones de postularse como precandidata presidencial en aras de buscar una solución a la crisis política que enfrenta el país desde hace tres años. Desde entonces, habría empezado a ser objeto de campañas de desprestigio en redes sociales, incluyendo amenazas.
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Finalmente, un día después de presentar sus intenciones para inscribirse de forma oficial como precandidata del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), la casa de Chamorro fue allanada y tomada por agentes de la Policía Nacional, quienes la mantienen a la fecha bajo régimen de casa por cárcel.
El caso contra Chamorro y la Fundación VBCH ha dejado a otros dos extrabajadores detenidos, Walter Gómez y Marcos Fletes, de quienes se desconoce su ubicación y se les ha negado contacto alguno con sus familiares o abogados.
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La CIDH ha advertido que la falta de acceso a sus familiares y abogados de las personas detenidas «puede incrementar su situación de vulnerabilidad, en la medida que permanecen en un estado de indefensión ante posibles incidentes o circunstancias que pongan en peligro sus derechos a la vida e integridad personal».
En cuanto a Lourdes Arróliga, también extrabajadora de la FVBCH, la Comisión concluyó que también podría hallarse en una situación de riesgo, «pues, está en un contexto similar al del resto de las personas beneficiarias, siendo vigilada en su casa y lugar de trabajo por patrullas de la policía; y habría recibido amenazas recientemente».
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