La Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas de Estados Unidos emitió su informe anual 2020 en el que mantienen a Nicaragua en el nivel 3, que indica que el país se encuentra bajo vigilancia en este tema.
El informe destaca que «el Gobierno de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo». Además señaló que no se «condenó a ningún traficante por tercer período de informe consecutivo y los esfuerzos de identificación de las víctimas siguieron siendo insuficientes».
El gobierno nicaragüense apenas identificó una víctima de trata en 2020, en comparación con ocho en 2019 y no tenía antecedentes de víctimas de trata extranjeras explotadas en Nicaragua o nicaragüenses explotados en el exterior, a pesar de los informes de los medios de comunicación sobre varios casos en los que funcionarios costarricenses, panameños y españoles identificaron a víctimas nicaragüenses explotadas en la trata sexual y laboral. Ningún traficante de personas fue condenado en Nicaragua el año pasado.
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Funcionarios cómplices
Según la oficina a cargo del informe, el gobierno de Daniel Ortega «no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada».
Uno de los aspectos más preocupantes que indica el documento es «la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata», que asegura se perciben a través de la poca acción policial durante el año para castigar este tipo de delitos. «La sociedad civil presentó informes que indicaban la complicidad oficial en delitos de trata, incluidos funcionarios públicos propietarios de burdeles donde pudo haber ocurrido la trata sexual de niños», indican.
El documento extiende varias recomendaciones al gobierno nicaragüense para mejorar significativamente su trabajo en la prevención de trata de personas, entre las que están implementar enérgicamente la Estrategia Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas, aumentar los fondos para la protección de las víctimas y reforzar la capacitación de los funcionarios gubernamentales para facilitar una mayor identificación y asistencia de las víctimas.
El gobierno de Estado Unidos destaca datos presentados por observadores que se encargan de monitorear el tema y que expresaron «una confianza limitada en los informes gubernamentales» nicaragüenses sobre la trata de personas. «Algunos alegaron que el gobierno clasificó erróneamente la trata como un secuestro o un asalto para mantener bajas las estadísticas de trata», menciona el informe.
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Se deja claro que los esfuerzos de las autoridades nacionales por combatir este tipo de delitos en las dos regiones del caribe sigue siendo más débil que en el resto del país, así como tampoco ha buscado alianzas con organizaciones de sociedad civil para diseñar estrategias conjuntas encaminadas a combatir este crimen. En este sentido recomiendan cumplir con el requisito de la Ley 896 que mandata incluir a la Federación Nicaragüense de Coordinación de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) para representar a las ONG en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas (NCATIP).
Nicaragua Investiga
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