CIDH y Oacnudh piden a Daniel Ortega poner fin a las detenciones arbitrarias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) unieron esfuerzos y condenaron este viernes 9 de julio las nuevas detenciones en contra de opositores efectuadas por el Gobierno de Daniel Ortega.

Ambos organismos de derechos humanos se pronunciaron respecto a las detenciones de los líderes campesinos y estudiantiles, Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas, Lesther Alemán y Max Jerez, quienes fueron capturados por la Policía Nacional el pasado lunes 5 de julio. Asimismo, recuerdan que en el caso de Alemán y Navas, son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH.

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«Resulta muy preocupante que el Gobierno de Nicaragua parezca centrarse en los sectores campesino y estudiantil, los cuales, tuvieron una participación protagónica en las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 y en el diálogo nacional del mismo año» destaca el comunicado de ambos organismos.

Piden ayuda a comunidad internacional

Las entidades de derechos humanos urgen nuevamente al Gobierno «a poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis». «La Comisión y la Oficina de la Alta Comisionada, continuarán estrechando su coordinación y colaboración, desde sus mandatos de protección, promoción y defensa de los derechos humanos, con el fin de contribuir a que las autoridades estatales nicaragüenses cesen las acciones represivas y tomen medidas para el restablecimiento de garantías democráticas en el país» detalla la nota.

De igual forma, la CIDH y la OACNUDH han extendido un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos y «promover el término de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua».

Las recientes detenciones forman parte de una larga lista de opositores capturados en medio de una nueva ola de represión desatada por la administración de Ortega, que en total deja a 26 personas en prisión, entre ellas seis aspirantes a la presidencia, reconocidos defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas; la mayoría investigados por presuntas violaciones a la Ley 1055 «Ley de la Soberanía».

Hasta el momento, ninguna de las más de veinte personas detenidas ha podido ponerse en contacto con sus familias ni sus abogados. De hecho, en los últimos días familiares, periodistas y un equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fueron expulsados de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) sin que se les brindara información sobre el estado de los detenidos.