Gobierno criminaliza a ambientalistas por temor a perder fondos verdes

El ambientalista Amaru Ruiz emitió una denuncia este jueves ante el Colectivo Nicaragua Nunca + debido a la acusación que ha extendido el Ministerio Público en su contra por supuestamente «propagar noticias falsas», haciéndole cita de la Ley de Ciberdelitos y emitiéndole una orden de captura.

Para el defensor de derechos humanos y ambientalista, la decisión de la Fiscalía «solo representa una actuación más del régimen Ortega-Murillo para callar la labor de Fundación del Río —la cual él preside— y de los defensores de los derechos indígenas».

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«El mensaje final que el régimen está enviando es de tratar de callar las voces disidentes y tratar de seguir con su estrategia de miedo hacia los liderazgos comunitarios que se han atrevido a quitar la censura mediática para seguir denunciado la actuación de los colonos, y la negligencia estatal que ha permitido que siga la violencia en estos territorios» dijo el activista en una conferencia virtual.

«Nosotros acompañamos a estas comunidades en sus denuncias, esa labor es la que está siendo criminalizada», además agregó que el Gobierno de Nicaragua trata de usar esta Ley y acusarlo de noticias falsas cuando la población ha tenido documentación de los casos por los cuales se ha pronunciado la fundación.

Ruiz destacó que con la denuncia de las masacres en contra de indígenas «hay una comunicación a nivel internacional, pero también con los organismos que están dándole financiamiento al régimen en términos de fondo verde, y con esto hay una preocupación, porque si siguen las denuncias de violaciones de derechos humanos de estas comunidades indígenas pues obviamente pone en riesgo el financiamiento que el régimen podría recibir de estos fondos».

Gobierno pierde millones de fondos

Según lo expuesto por el activista, el Gobierno de Nicaragua no recibió 55 millones de dólares provenientes del Fondo de Carbón, «ese fue el primer proyecto que no pudo cumplir, esos son los primeros recursos que le fueron cancelados precisamente por la situación de violaciones y porque no pudo demostrar ante la entidad cómo iba a asegurar el tema de la salvaguarda ambiental y social».

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Asimismo, agregó que están en juego fondos vinculados de proyectos en el Fondo Verde del Clima, pues «a pesar de que es un proyecto aprobado, esta situación está en riesgo», sobre todo si se siguen presentando estos casos en estos territorios. Ruiz considera que con las denuncias que hacen los ambientalistas lo que dejan en evidencia «es la negligencia del Estado frente a los procesos de invasión y deforestación».

«Los pone en evidencia y ellos están actuando en función de tratar de deslegitimar a las vocerías para que no les cancelen los fondos verdes que en diferentes entidades están solicitando» sostuvo.

Un largo camino de persecución

Ruiz recordó que existen antecedentes a las acusaciones que hoy se hacen en su contra. «Desde 2013 que nos opusimos a la construcción del Canal Interoceánico, a partir de ahí hemos sido vigilados y nuestra labor como defensores ha sido cuestionada y hemos tenido medidas de represión que se consolidaron en diciembre de 2018» con la cancelación de la personería jurídica de la Fundación del Río y su exilio forzoso.

Parte de estos antecedentes que mencionó fueron sus denuncias en 2018 por «la negligencia en el incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz», tras lo cual alegó que recibió un atentado en su contra el 28 de abril de ese año en su casa de habitación, donde sujetos desconocidos ingresaron rompiendo ventanas y dañando vehículos de la fundación.

Ahora, frente a las recientes acusaciones el activista confirmó que hasta el momento no existe ningún documento o notificación que haya sido dirigido a ninguno de sus domicilios en Nicaragua, sino que supo sobre su orden de detención a través de medios de comunicación y la publicación en el sitio web del Ministerio Público.

Ambientalista rechaza acusaciones

Con la denuncia, el ambientalista trata de «responder a las acusaciones arbitrarias en su contra». Detalla que la acusación se basa en dos puntos, por un lado, los hechos denunciados tras la masacre en enero de 2020 y la masacre del 23 de agosto de este año, ambas ocurridas en los territorios indígenas Mayagnas en Bonanza.

El activista defendió que cuentan con evidencia, testimonios y fotografías, de los hechos ocurridos en dichas comunidades, por lo que rechazan firmemente los señalamientos de «difusión de noticias falsas» extendidos por las autoridades nicaragüenses.

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«Lamentablemente no vivimos en un estado democrático» dijo Ruiz, y por ello sostuvo que no viajaran a Nicaragua para enfrentar el sistema judicial, «ellos criminalizan tanto a personas de la oposición, personas de medios de comunicación y defensores de derechos humanos, entonces no es posible porque no hay garantías de un debido proceso». Pero aseguró que continuarán denunciando el caso ante organismos de derechos humanos y buscarán «otras medidas a nivel internacional».

En cuanto al avance de la acusación, Ruiz explicó que las autoridades tendrían que ejecutar la captura para iniciar el proceso judicial en el que él debería estar presente. Sin embargo, reconoció que, debido a la situación actual del país, la Fiscalía podría continuarlo sin que el activista esté siquiera presente en la audiencia.