Ortega intenta criminalizar las publicaciones en redes sociales, según expertos

Ante las pruebas "insólitas" de la fiscalía, la experta Mildred Largaespada dijo que las acusaciones "no tienen ningún fundamento" al ser consideradas un intento de "criminalizar la libertad de expresión" en Nicaragua. 

El Ministerio Público ha iniciado a revelar una lista de acusaciones y pruebas contra opositores en base a la Ley de Ciberdelitos luego que Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, amenazara con aplicar esta legislación, la cual entró en vigor en diciembre del año pasado.

La tarde del pasado miércoles 8 de septiembre, la fiscalía nicaragüense acusó al presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruíz Alemán, por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, luego que denunciara el asesinato de 15 Miskitus y Mayangnas a manos de colonos toma tierras, situación que, según Amaru, no fue de interés para las autoridades.

Anteriormente, la Fiscalía presentó acusaciones durante la audiencia inicial contra el cronista deportivo Miguel Mendoza y el político Miguel Mora, ofreciendo como «pruebas» publicaciones de sus cuentas de Twitter por supuestamente estar “incitando a la injerencia extranjera”.

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Ante estas pruebas «insólitas», Manuel Díaz, experto en marketing digital, director de Bacanalnica y exiliado desde 2019 por la persecución gubernamental, sostuvo que este nuevo mecanismo de pruebas es una forma de amenazar a quienes critican y han criticado desde 2018 la gestión del gobierno sandinista.

Por su parte, Mildred Largaespada, periodista y experta en análisis de comunicación política en redes sociales, dijo que estas acusaciones «no tienen ningún fundamento» al ser consideradas un intento de «criminalizar la libertad de expresión» en Nicaragua.

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Por ello, Largaespada ha identificado varios escenarios como los primeros pasos que Ortega ha mostrado para criminalizar las redes sociales. Primeramente, la aprobación de una Ley que busca «ordenar» pero que en mano «del régimen» no cumple esa función, pues ha sido «inventada para acompañar todo el esquema represor».

Luego, el apresamiento del periodista Miguel Mendoza, un «influencer social y político», que fue justificado por utilizar sus plataformas digitales para compartir noticias en contra de la administración sandinista, lo cual es considerado un «delito» en Nicaragua.

Pero, anteriormente Ortega ya desempolvaba la controversial Ley, ya que los periodistas del diario La Prensa, Eduardo Enríquez y Fabián Medina, fueron cuestionados y advertidos en base a la Ley de Ciberdelitos mientras acudían a las citas de la Fiscalía por las investigaciones contra la Fundación Chamorro.

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Posteriormente, «inició una etapa de silencio» en redes sociales, ya que las personas se percataron sobre la utilidad de las publicaciones para arrestar a los opositores.

«Fue un silencio que yo misma decía ‘¿qué es lo que pasa aquí?’, pero duró entre cuatro a cinco días y de pronto volvieron a aparecer todos los usuarios con la estrategia del caracol», dijo Largaespada.

Resistencia digital, la nueva estrategia en redes

Por último, consideró preocupante el hecho que muchos cibernautas migraran de sus cuentas personales «o auténticas», a perfiles anónimos para continuar emitiendo contenidos políticos como una «resistencia digital» debido a la «represión gubernamental».

Pero, ¿esto significaría que las personas. Ya no tienen libertad en sus redes sociales? Ante este escenario, ambos expertos sostuvieron que en Nicaragua existe la autocensura, pero desde un comportamiento nuevo en el que se busca «desafiar» políticamente en las redes sociales.

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Es decir, no hay límites a pesar que el gobierno sandinista busca criminalizar las publicaciones en redes sociales, ya que muchos nicaragüenses han optado por hacer cambios en sus perfiles sociales, o bien, crear nuevas cuentas para evitar ser detenidos y llevados a «juicios inventados» por «el régimen».

«Estar anónimo significa que realmente te diste el trabajo de proteger tu identidad y que gracias a eso todavía tenés posibilidad de opinar sin tener el riesgo de ser citado en la fiscalía para un juicio inventado», agregó Díaz.

Otro caso ha sido el de algunos presos políticos que fueron arrestados entre junio y agosto 2021, y de quienes actualmente las redes sociales son administradas por sus familiares. Algunos de ellos son: Juan Sebastián Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, Miguel Mora y Miguel Mendoza.

Aunque la fiscalía los acusa de «conspiración» y otros supuestos delitos, evidentemente han sido señalados por sus publicaciones y demandas internacionales ante las constantes violaciones de derechos humanos que también son documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ortega «maneja el país como si fuera su pulpería», concluyó el director de Bacanalnica.

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