Ya no hace falta explicarles a los nicaragüenses que cuando un nombre aparece entre comillas significa que fue cambiado. Esta se ha vuelto una práctica común entre los periodistas cuando la fuente tiene miedo de que su nombre real aparezca, “por temor a las represalias del régimen”.
“Matilde”, una periodista de 32 años que hoy hace su trabajo desde el exilio, cuenta que usó este recurso muchas veces para proteger a sus fuentes. “Hoy llegó mi turno”.
Ella es uno de los 65 casos de periodistas en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo en Nicaragua, según registros de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El bloqueo de información no solo está dirigido a los periodistas nacionales que adversan a la dictadura de Ortega y Murillo. Los corresponsales extranjeros que intentaron cubrir la farsa electoral de noviembre tampoco fueron admitidos. “Eso prueba que el problema para la dictadura no son los periodistas a nivel individual, sino la libertad que defienden”.
Matilde agrega que en Nicaragua quedan –según sus propias cuentas—, unos 36 periodistas activos que trabajan en medios no oficialistas. “La misma Rosario Murillo ha dado gracias a Dios, porque solo quedan unos cuantos ‘miserables’, ‘criminales’, ‘terroristas de la comunicación’, como nos suele llamar”.
De los 14 artículos presentes en la Constitución que hablan de los derechos sociales de los nicaragüenses, el número 66 dice: “Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Sin embargo, en la actualidad no se cumple.
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“Yo misma lo viví”
Matilde cuenta que se graduó como comunicadora social en el 2013 e inició sus prácticas profesionales en uno de los diarios de circulación nacional que ya no existen debido a la dictadura.
“La primera vez que firmás un trabajo nunca se te olvida, es como tu primer beso”, recuerda. “Yo estudié periodismo, porque, además de que me gustaba escribir, quería ser parte en los cambios sociales de mi país. Sentís mucho orgullo cuando uno de tus reportajes llama la atención y contribuye a mejorar el entorno. Nunca pensé que un día tendría que hacer mi trabajo bajo anonimato. Como si estuviera haciendo algo malo”.
La razón que lleva a esta comunicadora a hacer esta declaración está justificada. Desde que se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, en octubre del 2020, “ningún periodista se siente seguro haciendo su trabajo”.
El factor más preocupante a considerar en la Ley 1042 Ley Especial de Ciberdelitos, “es su lenguaje amplio y ambiguo”, explicó el director del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, Luis Robleto, durante un conversatorio realizado en días recientes por este organismo.
“Hoy más que nunca debemos ser cuidadosos en lo que se publica”, dijo Robleto subrayando que los más afectados con esta ley siempre serán los periodistas.
Robleto hizo especial énfasis en el artículo 30 de la ley que dice: “…quien publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra, que incite al odio y a la violencia, ponga en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá una pena que va de 5 a 3 años de cárcel más multa”, pero, “¿quién decide que una información es falsa, que incita al odio o pone en peligro la seguridad?”.
La corresponsal de Univisión, Maria Lilly Delgado al salir de una citatoria en la Fiscalía.
Desde 2007 el acceso a la información ya era un gran problema para obtener datos oficiales del Gobierno –materia prima de los periodistas—. Y antes del 2018, la dictadura ya le había prohibido la entrada a varios medios y periodistas a los actos gubernamentales.
“La primera vez que me negaron la entrada a una entidad de gobierno fue en 2014. Aunque sabía la causa, me sentí ‘asareada’ como decimos en Nicaragua. Y yo no era la única”, dice Matilde.
Poco a poco la represión se fue incrementando hasta el estallido social del 2018. “En las protestas yo fui testigo de las agresiones de la policía a los manifestantes y si te miraban con una cámara o con tu teléfono celular grabando se te iban encima. Yo me les escapé un par de veces”.
Matilde agrega que después de eso fue cada vez más difícil hacer su labor. “Prácticamente, salía disfrazada. Usaba una gorra, camisas holgadas de mangas largas y tenis por si había que correr. Si tenía que hacer fotos buscaba lugares desde donde no ser vista o me sentaba en algún lugar cercano para disimular. En la universidad no te advierten que podés vivir esas cosas”.
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Profesión de alto riesgo
El periodismo independiente de Nicaragua bien podría ser catalogado por las aseguradoras como una ‘profesión de alto riesgo’ al igual que un bombero, buzo o guarda de seguridad.
Sin embargo, ninguna empresa de seguros escribiría en su póliza: “…en caso de cárcel injustificada, lesiones o muerte a manos de una dictadura…”, ironiza Matilde, quien lamenta que después de quedarse sin un contrato formal pasó a la clandestinidad donde no cuenta con ningún beneficio social.
“En 2019 y 2020 creí que Ortega cedería y habrían elecciones libres con vigilancia internacional. Pasó el tiempo y esa esperanza se evaporó. La violencia y el asedio continuaron en aumento. La dictadura hace ver a los periodistas independientes como lo peor”, describe.
De acuerdo con el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), actualizado en septiembre de 2021, Daniel Ortega es uno de los “mayores depredadores de la libertad de expresión”. Ocupa el lugar número 121 en la lista negra de esta organización entre 180 países analizados. Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y Venezuela, entre otros países amigos del régimen, aparecen en esa lista.
La comunicadora recuerda los insultos que ciudadanos afines al oficialismo le han gritado en diferentes ocasiones. “Y el problema es no tener a quién recurrir si te atacan, porque la policía es capaz de verte en el suelo y decir que vos sos el agresor”, se lamenta.
Para burlar el espionaje de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y evitar su captura, Matilde tuvo que mudarse de vivienda en tres ocasiones. “Donde vivía en 2018 mancharon el muro de mi casa con la palabra: ‘¡Plomo!’. Así que me mudé y eliminé el servicio pospago de celular y de cable. Apenas si saludaba a mis vecinos. Una vez pasaron fumigando y no los dejé pasar. El funcionario del Minsa hizo un gesto que me alarmó. Al día siguiente me fui a otro lugar”.
Tres alternativas
Matilde recordó que “Ángel Gahona murió en el contexto de las protestas del 2018 a manos de la dictadura y su muerte sigue impune. Miguel Mora y Miguel Mendoza tienen más de seis meses de estar presos. A Hans Lawrence las turbas sandinistas lo mandaron al hospital por hacer su trabajo. Eso es lo que receta la dictadura”.
Tan solo el año pasado debido a la escalada represiva de Ortega contra los periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le otorgó medidas cautelares a unos 49 trabajadores de los medios independientes Confidencial, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima. Y la lista sigue creciendo.
Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también denunció en su informe 2021 la grave situación de la prensa en Nicaragua: “El país vive un virtual estado de sitio, donde se coarta la libertad de prensa de los medios independientes y la policía ataca y roba equipo a los periodistas que cubren eventos. Esto ha llevado a muchos de ellos al éxodo”.
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El informe además señala “los retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, amenazas para generar autocensura, menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido, falta de acceso a información pública, concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se les consulte o al menos no se les mencione», como algunas de las principales violaciones de la dictadura a la libertad de expresión en Nicaragua.
La comunicadora –que accedió a contar su historia en este reportaje—, sigue ejerciendo su labor desde el exilio, pero aún teme por la seguridad de sus familiares que no han podido emigrar. Y dice que perdió la cuenta de los colegas que han salido del país forzados por la dictadura.
“Algunos (periodistas) seguimos en contacto haciendo nuestro trabajo desde lejos. Aunque vivir en el exilio te da cierta paz, no es vivir en libertad. No estás en tu país. Yo no pierdo la esperanza de volver a una Nicaragua sin Ortega”.
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