Este jueves Digna Rayo Urbina de 54 años se convirtió en la víctima número 45 de femicidio en el país en lo que va del 2019. La mujer fue acuchillada por su pareja Ramiro José Orozco, quien luego de cometer el crimen se suicidó. Los hechos ocurrieron en San Benito, municipio de Tipitapa.
Las organizaciones feministas monitorean con alarma estos hechos y atribuyen el incremento de la violencia contra las mujeres al debilitamiento paulatino que ha tenido el marco jurídico nicaragüense para prevenir y castigar este tipo de delitos.
“No hay un marco legal que regule, funcione o que sea efectivo para garantizar la vida de las mujeres” asegura Mirna Blandón, defensora de los derechos de las mujeres y agrega que “el marco legal puede ser bueno porque existe una ley integral de violencia contra las mujeres que no deja de tener sus bondades”, sin embargo, explica que el problema con esa ley, es que la reforma que le hizo el gobierno de Daniel Ortega restringe el femicidio al ámbito privado.
Mirna Blandón, defensora de derechos humanos. Foto: NI
Un informe de la Articulación de Movimientos Sociales titulado “70 Días de Violencia Machista” señala que “fue el régimen Ortega Murillo el que cercenó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. También entre sus detractores se cuentan jerarcas católicos y evangélicos que presionaron por su derogación”.
Mirna Blandón indica que al restringir el femicidios al ámbito privado, se excluye que otras personas intervengan en actos de violencia contra las mujeres.
Por otro lado, el informe de la AMS detalla que “en el 2014, Ortega por un decreto presidencial cambió el objeto de la Ley 779, para ”garantizar el fortalecimiento de la familia”, redujo la aplicabilidad a los delitos al reconocer como femicidio solo el asesinato cometido por hombres con quienes las mujeres estaban relacionadas”
La reforma realizada a esta ley también orienta la mediación como vía para solucionar los casos de violencia contra las mujeres, incluso en los tipificados como graves, explica Blandón.
Comisarías de la Mujer desaparecieron
Las Comisarías de la Mujer fueron creadas en 1993, y tres años más tarde fueron incluidas en la Ley 228 de la Policía Nacional. Estas permitían una atención integral no revictimizada para las víctimas de la violencia y el acompañamiento de organizaciones de mujeres cuando una ciudadana denunciaba algún tipo de violencia, pero en la actualidad, estas comisarías desaparecieron o no están operando.
Según el informe de AMS, cuando Ortega regresó al poder en 2007, las comisarías se fueron debilitando, se retiró al personal especializado en temas de violencia y se desalojaron los edificios donde eran atendidas las mujeres y se instalaron otras dependencias del Estado.
“Ahora, las mujeres, niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual o violencia machista son “atendidas” en Auxilio Judicial de la Policía Nacional y muchas veces por personal masculino no capacitado ni sensibilizado ante estos delitos” resalta el informe.
Para Mirna Blandón, la Ley 779 “fue papel mojado” y concluye que “mientras existan funcionarios partidarios, corruptos, irresponsables, además de machos, no habrá ley que funcione”.
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