El régimen de Daniel Ortega continúa fortaleciendo la Policía Nacional, considerada por organismos defensores de derechos humanos como el principal órgano represivo de Nicaragua. Este jueves se incorporaron a esa institución casi 940 hombres y mujeres, según información divulgada por los medios oficiales.
Estos nuevos agentes se graduaron del primer curso básico policial en la Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, en Managua. De los graduados, 327 son mujeres y 610 hombres que, según los medios propagandísticos, “juraron defender la paz, tranquilidad y seguridad del pueblo nicaragüense”.
Sin embargo, este es un discurso que viene utilizando el partido de gobierno desde hace varios años, pero que en realidad se materializa, de acuerdo a las denuncias, en actos represivos contra la oposición.
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Los reportes señalan que la ceremonia de graduación fue en honor al teniente Marlon José Requene López, muerto el 12 de julio de 2018, en la delegación policial de Morrito, Río San Juan. El gobierno acusó a los opositores de ese crimen.
Daniel Ortega ha endiosado a los agentes policiales que reprimieron a los manifestantes en 2018, a pesar que 350 personas perdieron la vida —según informes de organismos de derechos humanos internacionales— y no ha habido ningún caso de investigación, tampoco ningún oficial arrestado por estos asesinatos.
En el discurso oficial, todos los miembros del oficialismo muertos en el 2018 son “héroe de la paz”, mientras que los manifestantes opositores eran «golpistas» y «vende patria».
Más de tres mil policías
Al menos 3,166 nuevos policías han pasado al servicio del régimen en menos de seis meses. El 17 de enero de este año, Rosario Murillo informó en los medios oficiales que 1,200 personas se incorporaron a la institución. El 26 de mayo, anunció nuevamente la graduación de 1,026 y ahora se suman los 940, que supuestamente están dispuestos para “garantizar la seguridad ciudadana”.
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Pero la sociedad civil alega que la institución solo responde a los intereses políticos del caudillo sandinista y no protege el bienestar de los nicaragüenses. Cabe señalar que la Policía Nacional fue sancionada en marzo de 2020 por Estados Unidos por ser “una de las principales herramientas que utiliza el régimen de Ortega para reprimir violentamente a la gente de Nicaragua”.
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