Ortega apuesta a borrar la memoria histórica de la masacre de abril

  • Daniel Ortega omite muertes de manifestantes como «una manera de silenciarlos y acabar con su memoria»

“Un país sin memoria es un país muerto” afirma el ex vicepresidente de Nicaragua y escritor Sergio Ramírez sobre el Museo de la Memoria Contra la Impunidad que fue inaugurado el 30 de septiembre por la Asociación Madres de Abril, que aglutina a los familiares de las víctimas mortales a causa de la represión estatal a las protestas sociales.

Asimismo, Ramírez agrega que hacer memoria sobre la vida de las víctimas mortales ayudará a que los nicaragüenses mantengan presente todo “lo que cuesta la lucha por la democracia y por la libertad”.

El teórico Michael Pollack destaca en su libro Memoria, Silencios y Olvido, que la memoria es “una operación colectiva de los acontecimientos y las interpretaciones del pasado que se quiere salvaguardar”.

Álvaro Conrado, padre del fallecido de 15 años Álvaro Conrado Dávila señala que el objetivo de este Museo de la Memoria Contra la Impunidad es “que la población se dé cuenta de quienes eran nuestros hijos (…) que miren lo que el gobierno nos ha hecho y como continúa perjudicándonos” en referencia a que el Estado de Nicaragua aún no esclarece el caso de la muerte de su hijo ni ha ofrecido reparación para las víctimas.

Los padres del niño Álvaro Conrado sostienen la patineta que usaba para jugar en sus tiempos libres. Foto: NICARAGUA INVESTIGA

Asimismo, la madre de Conrado Dávila, Lissete Dávila, manifiesta que “para nosotros (familiares de las víctimas mortales) es muy importante, es parte de la verdad este museo que tanto nos está costando”.

“Es necesario darle a conocer al mundo entero todo lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando como nicaragüenses” agrega Dávila, quien también es vicepresidenta de la Asociación Madres de Abril.

La madre de Gerald Vázquez, asesinado en la parroquia Divina Misericordia la madrugada del 14 de julio de 2018, Susana López expresa que este es un museo contra la impunidad y que uno de sus objetivos es dignificar a las familias de las personas fallecidas a causa de la represión estatal.

“Nosotros como familiares no hemos obtenido justicia” agrega López y asegura que a pesar de que las autoridades estatales nieguen que su hijo fue asesinado en una iglesia, este museo demuestra lo contrario.

Por su parte, Sergio Ramírez señala que el hecho de que Daniel Ortega ni otra autoridad gubernamental haya ni siquiera mencionado el nombre de ninguno de los muertos a causa de la represión, “es una manera de silenciarlos y de acabar con su memoria” y por eso es tan importante una exposición como el museo de la impunidad de AMA. “Los museos son depósitos vivos de la memoria” concluye Ramírez.

El escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez. Foto: NICARAGUA INVESTIGA

Masacre estatal

Desde que estallaron las protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo «el Estado recurrió al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta. Un patrón represivo, que se verificó en distintos momentos y lugares de Nicaragua», según un informe publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) , de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

https://www.nicaraguainvestiga.com/a-dos-anos-del-estallido-de-abril-la-represion-se-ha-sofisticado-dice-antonia-urrejola-de-cidh/

Producto de la violencia estatal y el uso de armas de fuego, incluyendo armas de guerra, más de 300 manifestantes fueron asesinados. El GIEI los catalogó como «crímenes de lesa humanidad».

Recientemente fue inaugurado un museo en honor a las víctimas de la represión estatal. Objetos personales de las víctimas reflejan los ideales por los cuales fueron asesinados. Nicaragua Investiga/NI

«Existen múltiples elementos que indican que estos hechos fueron decididos y avalados por las máximas autoridades del país, incluyendo al presidente de la República: la ocurrencia de eventos similares en distintos lugares del país, la persistencia en el tiempo de estas conductas, el uso de recursos públicos, la intervención de prácticamente la totalidad de la estructura de la Policía Nacional, dentro de la cual el presidente ejerce la Jefatura Suprema –el cargo más alto dentro del “mando institucional», concluye el documento.

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