La Policía Profesional de Migración rescató a 12 nicaragüenses y costarricenses víctimas de explotación sexual a manos de una banda que operaba en un local en el cantón (municipio) de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica.
Según el informe presentado por las autoridades, la banda “sometía a las víctimas a realizar labores sexuales en un establecimiento ubicado contiguo al Maxi Pali de Nicoya donde permanecían bajo engaño, coacción y amenaza aprovechando la vulnerabilidad de las mismas”.
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Dicha banda estaba conformada por un hombre de apellidos Herrera Jiménez y su pareja sentimental de apellidos Villareal Sandoval, quien era funcionaria de la Caja Costarricense del Seguro Social; su hija de apellidos Herrera Villareal y yerno de apellidos Monge Salas.
Estos fueron desarticulados por agentes policiales y puestos a la orden del Ministerio Público y se les acusará por los delitos de explotación sexual tipificado en el artículo 172 del Código Penal de Costa Rica y podrían enfrentar de seis a diez años de prisión.
Tres nicaragüenses involucrados en el delito
Junto a la banda de explotación sexual, también colaboraban tres nicaragüenses de apellidos Ortega Hernández, Martínez Arias y Cascante Pérez.
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La acusación señala que “Herrera Villareal y Monge Salas se encargaban de administrar el establecimiento, llevar el control y los tiempos de las mujeres víctimas por los servicios sexuales”, mientras que los nicaragüenses “eran los encargados de reclutar, controlar e intimidar a las víctimas, mediante ofensas, amenazas y maltratos”.
Los delincuentes “realizaban rifas entre los clientes del lugar, cobrando a mil colones (1.50 dólares) el número y como premio otorgaban licor y servicios sexuales de las víctimas”.
¿Cómo se reclutaban a las víctimas?
Nicaragua Investiga tuvo acceso a la investigación realizada por las autoridades policiales costarricenses donde indican que las víctimas eran contactadas a través de mensajería “y de terceras personas que ofrecían trabajo en el establecimiento comercial”.
La investigación revela que los nicaragüenses cómplices de la banda ofrecián trabajos de meseras o atención a las personas que llegaban a consumir licor a un bar ubicado en esta localidad, sin embargo, una vez que ingresaban en el establecimiento “eran obligadas a realizar el servicio sexual aun cuando sus condiciones de salud no eran las óptimas, siendo sometidas a mecanismos de control, no podían salir sin autorización y, en caso, de hacerlo debían cancelar una multa”.
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En el caso de las mujeres nicaragüenses, los líderes de la banda las obligaban a permanecer dentro del local donde se les cobraba sumas exageradas de los servicios de agua, luz y alimentación, así como vivienda. Las víctimas eran constantemente amenazadas de ser denunciadas ante las autoridades de Migración y Extranjería si estas no cumplían con las órdenes para ofrecer favores sexuales.
“En el allanamiento fueron localizadas 12 víctimas, a quienes se les brindó atención inmediata y asistencia correspondiente por las autoridades competentes. Las mismas eran de nacionalidades costarricenses y nicaragüenses. Las víctimas extranjeras se encontraban en condición irregular en el país, lo cual aumentaba su vulnerabilidad ante lo tratantes”, cita el informe.
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