Colomba le imputa a los tripulantes de la embarcación nicaragüense cargos de “pesca ilegal” y “aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables”.
Unos 1,600 jóvenes optaron por aplicar a la Universidad Centroamericana Simeón Cañas de El Salvador y Rafael Landívar de Guatemala, para continuar sus estudios.
La resolución condena enérgicamente “las violaciones sistemáticas y deliberadas de los derechos humanos contra la población nicaragüense por razones políticas”