La actualización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que el régimen de Daniel Ortega no ha avanzado en las recomendaciones realizadas para garantizar el respeto a los derechos universales en Nicaragua.
El alto comisionado Volker Turk señaló este jueves durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos que los presos políticos continúan en las cárceles recibiendo maltrato y demandó que estos sean liberados.
También denunció que en Nicaragua siguen realizándose votaciones con oleadas de detenciones y que se están registrando grandes migraciones a países como Estados Unidos y Costa Rica.
Régimen rechaza actualización
El régimen sandinista a través de la procuradora General de la Republica, Wendy Morales, catalogó la actualización del alto comisionado de la ONU, como parcializada.
“Nuestro total rechazo a este tipo de mecanismos, que actualizan sus reportes de Derechos Humanos, de forma unilateral y parcializada; actuando como un instrumento de presión e injerencismo, al esgrimir argumentos alejados de la realidad de nuestra patria, con la única finalidad, de mantenernos en el subdesarrollo y desvirtuar nuestros logros, para tenernos sumidos a las directrices de potencias extranjeras”, dijo la funcionaria de la dictadura.
ONU insta a diálogo
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se mostró dispuesto a respaldar un diálogo, pero inclusivo. El alto cargo, no obstante, señaló que primero se requiere acceso al país para trabajar en ese aspecto.
Organizaciones pidieron renovar resolución
Al respecto, más de 30 organizaciones nicaragüenses instaron este jueves al Alto Comisionado para que prolongue por dos años su resolución para investigar los abusos que se cometen en Nicaragua.
El llamado fue realizado por Urnas Abiertas en conjunto con 34 organizaciones de derechos humanos agrupadas en el Colectivo 46/2, debido al agravamiento de la represión, la crisis socio política y de derechos humanos en el país.
Urgieron además reforzar “su enfoque inter-seccional” para prestar atención especial a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las detenidas por razones políticas, y las familias de las víctimas.
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