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Régimen afina su maquinaria con lista de «testigos» contra monseñor Álvarez

El pasado 10 de enero el obispo Álvarez fue remitido a juicio oral y público, proceso que ha sido catalogado por especialistas como nulo y carente de argumentos judiciales.

Foto: Diócesis de Matagalpa.

El Misterio Público, uno de los tentáculos represivos del Sistema Judicial de la dictadura sandinista, tiene preparada una serie de testigos en contra de los sacerdotes que han criticado los abusos a los derechos humanos en Nicaragua.

Según denuncia del abogado Yader Morazán,  entre los llamados a atestiguar contra monseñor Rolando Álvarez, figuran connotados sandinistas de la ciudad de Matagalpa. Entre estos menciona a Gabriela Alejandra Rayo Castro, casada con el sobrino del jefe de los paramilitares de Matagalpa, llamado Lalo Soza. Toda su familia se jacta de sus acciones a favor del régimen, señala en su cuenta de Twitter, Morazán, publicando una fotografía de Rayo Castro junto al alcalde de Matagalpa, Zadrach Zeledón, sancionado por violaciones a los derechos humanos.

También figura Emiliano Antonio Pérez Castro, hermano del excomisionado Marvin Pérez, quien después de abril fue nombrado delegado como delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa. Su cuñada es la jueza Sheyla Patricia Delgado Medrano. Él tiene años de querer entrar al Estado, agrega Morazán.

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Otros testigos son Josefa Azucena Jirón López, secretaria del Ministerio de Educación de Matagalpa;  y Nieves Francisco Hernández Flores, quien trabajaba en radio Hermanos de la Diócesis de Matagalpa, conduciendo a los sacerdotes, instalando sonido y ayudando a transmitir las misas. Actualmente trabaja como sonidista y hace el perifoneo a la Alcaldía de Matagalpa.

También será «testigo» Erling Francisco Picado Montoya, recientemente fue nombrado defensor público en el complejo judicial de Matagalpa. Su esposa, Maritza Rodríguez, fue concejal en Matagalpa. Es padrastro de Krystian Pérez, quien está pidiendo asilo en Estados Unidos, indica Morazán.

Desestiman validez de los testigos

Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, aunque aseguró que desconoce a los testigos, enfatizó que el régimen podría poner a desfilar a 200 testigos, pero ello nunca podrá quitarle la calidad de preso político a monseñor Álvarez.

“Incluso miles de testigos, pero ahí se va a probar el delio de infame al que se está procesando al obispo. Él con los sacerdotes criminalizados junto a los más de 200 detenidos, siguen y seguirán siendo presos políticos en cuanto no han cometido delito alguno. Por lo que sus arrestos, acusaciones y procesos son absolutamente arbitrarios, inconstitucionales e infame”, sostuvo Carrión.

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El pasado 10 de enero el obispo Álvarez fue remitido a juicio oral y público, sin fecha precisada, un proceso que ha sido catalogado por especialistas como nulo y carente de argumentos judiciales.

El religioso está siendo acusado de los supuestos delitos de “Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y Propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información en perjuicio del Estado nicaragüense”, como parte de la represión y persecución del régimen sandinista contra la Iglesia Católica y sus lideres pastorales.

Autor
Nicaragua Investiga
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