El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó este viernes a 26 años y 4 meses de cárcel al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
La sentencia fue dada a conocer por el magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
La «justicia» sandinista encontró «culpable» a monseñor Álvarez de los supuestos delitos de»Menoscabo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo y por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica».
Lo despojan de la nacionalidad
“Condénese al acusado a 15 años de prisión e inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, del mismo modo, declárese la perdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de Menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, leyó Rothschuh.
Asimismo el orteguismo lo condenó a otros cinco años de prisión y 800 años multa por los supuestos delitos de “Propagación de noticias falsas a través de la tecnología información y la comunicación”. También le sumaron cinco años prisión por los supuestos delitos de “Obstrucción de funciones agravadas en perjuicio del Estado de Nicaragua”, y un año más de cárcel por el supuesto “desacato a la autoridad”.
De igual forma declaró la pérdida de la nacionalidad nicaragüense al alto prelado. El jueves Ortega desterró hacia Estados Unidos a más de 220 presos políticos, monseñor Álvarez no quiso abordar Nicaragua, por lo que el dictador le quitó el arresto domiciliar y lo envió a la cárcel La Modelo, de Tipitapa.
Amenaza a críticos
Después de la lectura de la parte resolutiva de sentencia contra el obispo Álvarez, también hubo espacio para amenazar a los que se opongan a la dictadura orteguista, puesto que Rothschuh leyó a través de una resolución que quienes fomenten “un golpe de Estado”, “que fomenten actos terroristas”, “que inciten a la injerencia extranjera”, “que propongan o gestiones bloqueos económicos”, y “los que demanden o aplauden las sanciones al Estado de Nicaragua”, serán declarados traidores a la patria por lo que seguirán aplicando la ley en todo su vigor.
Nicaragua Investiga
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