Este jueves, desde Ginebra, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) llevó a la mesa, ante el Consejo de la ONU, el informe sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Nicaragua a raíz de las protestas sociopolíticas del 2018, una investigación que reveló la persecución política como “crimen internacional atroz”.
La abogada colombiana, Ángela María Buitrago manifestó que en la entrega del informe llegaron a la conclusión de que hubo una serie de crímenes, “que constituyen crímenes de lesa humanidad, hemos verificado aspectos de planeación, generalidad y sistematicidad que nos llevan a hablar de múltiples crímenes entre ellos ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos, deportación que fue uno de los actos finales, antes de que termináramos el informe”.
Así mismo añadió que en el informe explicitaron como a través de diferentes mecanismos y métodos se apropiaron (Ortega-Murillo) de las instituciones para instrumentalizarlas y llegar al resultado final en donde los instrumentos, que pueden ser de una manera u otra administrativos, judiciales, terminaron haciendo eco a la necesidad de ““eliminar” a los opositores y las personas que no están de acuerdo o que ejercen su libre derecho a la libertad de expresión, al derecho a huelga y al derecho a no estar de acuerdo con ciertas posiciones en particular”.
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Buitrago señaló que el informe profundiza en aspectos críticos del sistema que ha sido objeto de una serie de consideraciones esenciales para llegar a un resultado final, “inclusive no solo la deportación forzada sino la perdida de nacionalidad, lo que implica una serie de consecuencias y eventualmente una escalada de graves violaciones posteriores también a derechos fundamentales y desde ese punto de vista, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que pueda intervenir frente a estos aspectos y evite la posibilidad de la comisión, de estos crímenes de lesa humanidad que hemos encontrado a través de la investigación”.
Los crímenes se repiten
Durante la reunión se les recordó a los expertos los crímenes cometidos por el Gobierno de Daniel Ortega en los años 80 y que ahora se repiten en Nicaragua. Los crímenes de esa época «terminaron» en una mesa de negociación política.
Al ser consultados sobre qué garantías dan ahora de que se hará justicia y pagarán por estos crímenes, Buitrago respondió que la función de evidenciar todos estos temas en particular, significa también hacer un llamado de atención a la comunidad internacional «para que en este momento y frente a los hechos que investigamos del 2018 a hoy, se generen consecuencias, se mire y observe el comportamiento para evitar que se sigan perpetuando y se genere una obligación de restauración y de protección, realmente al pueblo nicaragüenses”.
La abogada colombiana, Ángela María Buitrago y Jan-Michael Simon./captura
Resaltó que la garantía surge de los propios instrumentos internacionales sobre la necesidad de que los estados impidan esta clase de comportamientos y las obligaciones que puedan hacer en el seno de los organismos internacionales para evitar que se sigan cometiendo estos comportamientos de lesa humanidad”.
Por su parte, Jan-Michael Simon aclaró que los mecanismos generados por parte del Consejo no son fiscalías ni tribunales, “sino recogen información y que pueda a su vez ser recogida por fiscalías y por tribunales en su caso, la información que nosotros levantamos, sin embargo, está siendo potenciada de tal manera que llene planes probatorios que puedan servir como evidencia para al menos empezar una investigación o incluso más en cuanto al proceso penal…”.
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Aclara que el tema de la razonabilidad es un estándar universal y penal que se asume por los mecanismos internacionales, pero también por el régimen penal interno.
Son etapas en el proceso penal que van de manera creciente en términos de obtención probatoria, “este primer paso, por el que hemos optado que es perfectamente válido y permite que los países que eventualmente asuman esta investigación también generen parte de la adquisición probatoria en términos de tratar de busca una responsabilidad individual, también nos permite afirmar con probabilidad de verdad elementos que están estableciendo la posible autoría o participación en los hechos de grandes crímenes como lo estamos afirmando…”, agrega.
El informe menciona que desde diciembre de 2018, al menos 3144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
También añade que la situación sigue empeorando. Tanto así que en febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses despojaron a 222 personas de diversos perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser “traidores a la patria”. El mismo mes, la Corte de Apelaciones de Managua declaró traidores a la patria a otras 94 personas residentes en Nicaragua y en el extranjero y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar el decomiso de sus bienes a favor del Estado.
El grupo de expertos concluyó que el dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica estos crímenes, y continúan haciéndolo a la fecha de este reporte.
La presentación oficial frente al Consejo la harán el lunes 06 de marzo, a las 3:00 p.m.
Nicaragua Investiga
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