Opositores piden a la ONU se siga investigando crímenes de lesa humanidad

Tras los hechos ocurridos en Nicaragua, desde las protestas sociopolíticas del 2018, las voces de los nicaragüenses que viven en el exilio siguen haciendo eco sin parar, solicitando que se continúe investigando lo que ocurre en el país gobernado por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Este viernes los nicaragüenses pidieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y prorrogar el mandato de la OACNUDH para que sigan investigando los crímenes de lesa humanidad del “gobierno de facto” de Daniel Ortega.

 Valle:  “no son ciudadanos ni nicaragüenses»

La activista Olga Valle, integrante del observatorio ciudadano Urnas Abiertas, quien participó en la sesión en nombre del Colectivo 46/2, coalición de 20 organizaciones de derechos humanos, expuso que desde el 2018 el Estado de Nicaragua ha implementado una política de persecución contra los opositores, que como ya adelantó el grupo de Expertos, constituyen crímenes de lesa humanidad.

Añadió durante su intervención que la sociedad nicaragüense ha buscado en el proceso electoral una vía para iniciar una transición democrática con justicia y sin impunidad, sin embargo, «los procesos electorales de 2021 y 2022 se caracterizaron como lo documentó la Oficina del Alto Comisionado por graves violaciones a los derechos civiles y políticos, impidiendo la garantía de elecciones libres, justas y transparentes».

Valle apuntó que la instalación de este gobierno de «facto» ha desembocado en la erosión de la calidad de vida de los nicaragüenses en todas sus dimensiones.

«Con altos niveles de la violencia contra las mujeres y una corrupción generalizada que atropella y condiciona el acceso a otros derechos como salud, educación y trabajo, además del despojo arbitrario de nacionalidad a 317 nicaragüenses», afirma la opositora,

Manifiesta que el Estado a través de un proceso ilegal e irregular impuso a estas personas penas que implican la inhabilitación de por vida, al ejercicio de cargos públicos y  de elección popular. «Activistas, opositores y los que considera sus enemigos, el Estado les tiene un mensaje claro: “no son ciudadanos ni nicaragüenses».

Valle destacó que el trabajo de monitoreo e investigación, es vital para nuestra labor, «por eso instamos a que este Consejo apruebe una extensión de ambos mandatos por dos años para que continúen investigando».

ONU llama a Ortega a liberar presos

Por su parte, la Subsecretaria de General de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, hizo un llamado al Estado de Nicaragua, para que libere incondicionalmente a las 37 personas que aún se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad. «Entre ellas monseñor Álvarez, cuyo estado de salud se desconoce y a restituir la nacionalidad y los demás derechos civiles, políticos, sociales y económicos  a las más de 300 personas, afectadas  por las recientes decisiones», expresó.

La especialista insta a Nicaragua a derogar legislación que impida el ejercicio de la participación política, las libertades de expresión, reunión y asociación, el derecho a la nacionalización y el derecho a la propiedad con seguridad jurídica