La Organización de Estados Americanos (OEA) informó que celebrará este miércoles una sesión ordinaria para que el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua presente al Consejo Permanente su más reciente informe sobre la actual situación que vive el país.
Arturo McFields Yescas, ex embajador ante la OEA, explicó que la situación de Nicaragua sigue siendo una preocupación para el organismo regional. El exdiplomático destacó que la misión permanente de Chile, junto con Estados Unidos, Brasil, Canadá, Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica y Colombia, ha solicitado al Consejo Permanente que se incluya en la agenda el tema de la «Síntesis del Grupo de trabajo de Nicaragua».
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“El gobierno de Lula, el gobierno de Petro en Colombia, el gobierno de Chile, Boric están apoyando el tema de mayor presión para la dictadura, esa parte creo que puede ser interesante, no sabemos si al final puedan cambiar su planteamiento, pero el hecho de que ellos estén sumándose a la solicitud de Chile de pedir que se aborde los últimos cinco años de represión de la dictadura en el Consejo Permanente es relevante”, asegura McFields
Además, informó que dentro de 15 días se llevará a cabo una reunión de cancilleres de 32 países de América Latina y el Caribe, junto con Estados Unidos y Canadá, para discutir la situación de Nicaragua. El objetivo de esta reunión será ejercer una presión más frecuente y contundente sobre la dictadura, de cara a su salida del organismo regional en cinco meses.
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El informe que se presentará será una síntesis de los hechos ocurridos desde 2018 hasta la actualidad y abordará las principales violaciones a los derechos humanos, como la represión contra opositores, los destierros, las confiscaciones, los arrestos arbitrarios, el encarcelamiento y la posterior condena de monseñor Rolando Álvarez, y los ataques contra la Iglesia católica.
Incertidumbre por salida de la OEA
En 2019, después del rechazo de las cuestionadas elecciones presidenciales de Nicaragua por la mayoría de los países, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo optó por la salida del país de la OEA, acusando al organismo de mantener «actitudes injerencistas». La decisión de Ortega ha generado preocupación entre los analistas políticos que advierten sobre las profundas consecuencias para el régimen y la población, que se enfrentaría a una situación económica difícil al convertirse el país en un «Estado paria». Los defensores de derechos humanos también han expresado su preocupación por las graves repercusiones en materia de derechos humanos al no estar Nicaragua sujeta a entidades como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
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Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de la Unidad por la Democracia (PUDE), coincide en que la salida del país del organismo regional tiene graves repercusiones en materia de democracia, derechos humanos y libertades. Asímismo, señaló que al denunciar la carta de la OEA, Nicaragua se aleja del sistema regional que promueve la cooperación y protección de los derechos fundamentales, debilitando aún más la frágil situación democrática de la nación.
“Creo que no podemos decir que reconsidere la decisión, pero sí, mandar un mensaje a los países miembros de la OEA donde hagan los señalamientos nuevamente de qué es lo que se busca y qué es lo que se ha venido buscando a lo largo del tiempo en Nicaragua, donde resalta la búsqueda de una salida cíclica y pacífica al conflicto sociopolítico interno del país”, subrayó.
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