La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo insiste por enésima vez en pedir a Estados Unidos la millonaria indemnización por el cumplimiento de la histórica sentencia que Nicaragua ganó al país norteamericano hace 37 años en el contexto de la guerra civil en el máximo tribunal internacional de justicia de la ONU.
Este martes, el dictador nicaragüense envió una carta—a través del canciller de la República, Denis Moncada,— al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que nuevamente reclama la indemnización a Estados Unidos, exalta la «autoridad moral» del país ante el tribunal de La Haya y asegura ser víctima de las sanciones y de un intento de golpe de Estado.
«La compensación debida a Nicaragua continúa sin ser saldada. Nicaragua descontinuó el procedimiento ante la Corte para la determinación del monto debido, pero en ningún momento renunció al pago de la deuda, es decir, al derecho a recibir su compensación. Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones», dice la misiva.
«Es en este contexto, en el que Nicaragua nuevamente ha sido víctima de agresiones, ahora llamadas eufemísticamente sanciones, y víctima de un intento de golpe de estado, que el pueblo de Nicaragua recuerda la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia», agrega.
EEUU: «es un capítulo cerrado»
Esta no es la primera vez que Ortega reclama a Estados Unidos la indemnización por el fallo de la sentencia. En diciembre de 2008, pocos días después de ser elegido como presidente, el dictador le pidió a Barack Obama el pago de la deuda.
En 2011, el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, aseguró que su nación no tenía ninguna deuda con el país. «Para nosotros este caso fue resuelto durante el gobierno democráticamente elegido de doña Violeta de Chamorro (1990-1997). Para nosotros es un capítulo cerrado», dijo.
«Silla vacía»
En 1986, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Estados Unidos pagar a Nicaragua 12 mil millones de dólares por financiar con dinero y armas a la Contrarrevolución, en un intento de sacar del poder a la primera dictadura sandinista.
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A pesar del triunfo de Nicaragua en el tribunal internacional, Estados Unidos optó por una política de «silla vacía», es decir, se negó a asistir a las audiencias y reconocer la jurisprudencia de la corte en el derecho internacional, por lo que la situación actual del reclamo no sería del todo diferente.
Estrategia de hacerse la «víctima»
En este sentido, Enrique Martínez, vocero de la Plataforma de la Unidad por la Democracia (PUDE), sostiene que la decisión del régimen sandinista de reiterar el reclamo a Estados Unidos sobre el fallo de La Haya en los años 80 puede entenderse como una estrategia política para mantener viva la narrativa de victimización.
El canciller Denis Moncada junto al secretario general del ONU, António Guterres. Foto: Prensa oficialista.
«Esto podría ser parte de un esfuerzo por obtener apoyo político y buscar reparaciones por las supuestas acciones de intervención y financiamiento a los grupos Contras. Se debe considerar un discurso de doble moral, porque el FSLN siempre ha recibido financiamiento externo para sus movimientos armados y económicos», asegura.
Asimismo, considera que, teniendo en cuenta la postura de EE. UU. en los años 80, el reclamo no tiene mucho peso, puesto que durante el gobierno de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro el asunto quedó saldado cuando se desistió del reclamo.
Sobre esto, Martínez considera que la decisión tomada por la exmandataria ha sido criticada por los sandinistas por ir en contra de sus intereses políticos. No obstante, señala que las opiniones sobre esta cuestión pueden variar dependiendo de las posturas políticas y que, en el contexto actual, es importante comprender quiénes son los aliados prodemocracia.
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