La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe (OACNUDH, por sus siglas en inglés), urgieron al Estado nicaragüense la liberación de monseñor Rolando Álvarez y demás presos políticos.
Ambos organismos internacionales “condenan las continuas violaciones” a los derechos humanos de monseñor Álvarez. Señalan que al religioso le han privado el acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, lo mantienen incomunicado desde el pasado 10 de febrero cuando fue trasladado al sistema penitenciario “La Modelo” en Tipitapa, donde además le limitan las visitas de sus familiares.
“Después de cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, instamos al Gobierno de Nicaragua a abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa, y a cumplir sus obligaciones internacionales, mediante la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez y de todas las demás personas privadas arbitrariamente de su libertad”, señalan los organismos en el comunicado conjunto.
A un año del asalto a la Curia Episcopal de Matagalpa
El llamado de la CIDH y la OACNUDH se da a tan solo un día de cumplirse un año del asalto policial a la Curia Episcopal de Matagalpa, donde Álvarez fue extraído y posteriormente apresado por los agentes policiales al servicio del régimen de Daniel Ortega.
“El 25 de marzo de 2023, Monseñor Álvarez recibió la única visita de sus familiares, donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra”, añaden en el comunicado.
El 13 de abril de 2023, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del obispo, esto tras considerar “que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El 28 de junio de este mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la misma CIDH, le otorgó “medidas provisionales” y requirió al Estado “informar sobre su situación y su liberación inmediata”.
Siguen de cerca situación de Nicaragua
Ambas organizaciones sostienen que han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua. Entre los hechos mencionan:
- La detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso.
- Expropiación de bienes de la Iglesia, sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, “en contravención de las normas internacionales” que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión.
En el comunicado detallan que hasta la fecha el régimen ha expulsado de Nicaragua “de forma arbitraria” a al menos 44 miembros de la Iglesia católica, agregan que ocho sacerdotes permanecen detenidos, “seis en el sistema penitenciario y dos en seminario por cárcel”.
Los dos organismos llevan cuentas de la confiscación de colegios y universidades vinculados con la Iglesia católica y hacen mención principal del último zarpazo de la dictadura contra la Universidad Centroamericana (UCA).
En la nota de prensa también expresan que han recibido información sobre casos de represión y persecución contra otras religiones, ejemplifican con casos en los que “la policía ha disuelto cultos protestantes en seis ocasiones, y al menos cuatro pastores habrían sido impedidos de ingresar al país”, así como la cancelación de organizaciones sin fines de lucro y la confiscación de universidades evangélicas.
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