Un grupo de eurodiputados enviaron una carta a Joseph Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pidiendo que se ejerza mayor presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por los recientes ataques en contra de los jesuitas.
El documento fue suscrito por José Ramón Bauzá Díaz, Soraya Rodríguez Ramos, Javier Nart, Isabel Benjumea y otros 16 europarlamentarios.
A mediados de agosto, Daniel Ortega ordenó confiscar la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por sacerdotes jesuitas y por medio de una resolución del Consejo Nacional de Universidades, ordenó la creación de otra universidad de nombre Casimiro Sotelo Montenegro, en las instalaciones de la UCA.
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En varias ocasiones, los eurodiputados han solicitado sanciones contra los funcionarios claves del régimen nicaragüense por ser responsables de las violaciones a los derechos humanos.
“Son ya numerosas las resoluciones y comunicaciones que este Parlamento Europeo ha realizado en defensa de la dignidad y la libertad en Nicaragua. Hace justo un año denunciamos la violación del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos tras el arresto del Obispo de Matagalpa, aún hoy bajo arresto y sometido a torturas, Monseñor Rolando Álvarez [Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2022, sobre Nicaragua, en particular el arresto del obispo Rolando Álvarez”, manifestaron.
Exigen justicia por confiscación UCA
Los legisladores muestran preocupación por la falta de justicia que tendrá la congregación Compañía de Jesús Nicaragua, a quienes Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob),también les canceló la personería jurídica y ordenó confiscar sus bienes.
“La Compañía de Jesús no tendrá acceso a ninguna instancia mínimamente justa en Nicaragua en la que poder defender sus intereses y su labor en la promoción de la dignidad, la educación y la formación de los nicaragüenses”, indican en la carta.
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Los parlamentarios señalan que con los ataques contra la Compañia de Jesús, el gobierno no solo viola la libertad religiosa, sino que transgrede la promoción cultural.
Además sostienen que el retiro de la personería jurídica contra la Compañía de Jesús es una amenaza contra la congregación que administra el Colegio La Salle. También denuncian el bloqueo del Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, la encarcelación del Obispo Rolando Álvarez y cientos de sacerdotes, la expulsión del Nuncio Apostólico, o el cierre de emisoras de radio y televisión de la Iglesia en Nicaragua.
Persecución contra opositores
El pasado nueve de febrero, Daniel Ortega excarceló y desterró a 222 presos políticos. Además, ordenó a la Asamblea Nacional -dominada por diputados sandinistas- reformar la Constitución Política de Nicaragua y otras leyes para despojarlos de la nacionalidad nicaragüense.
La ley quedó aprobada para despojar de la nacionalidad a todo aquel opositor o crítico que pueda ser una voz incómoda para el Gobierno.
En la misiva, los parlamentarios urgen a Borrell, “a que tome de nuevo en consideración las sucesivas resoluciones adoptadas por este Parlamento y desarrolle los instrumentos necesarios para cumplir con las demandas en ellas recogidas”.
Los eurodiputados esperan que Europa vuelva a mostrar su apoyo a Nicaragua en la búsqueda de la democracia.
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