La vocera del régimen, Rosario Murillo, reconoció que la dictadura de Nicaragua no ha logrado acabar con la oposición y le tiene «terror» a la crítica y a otro levantamiento social en el país, indican diversas voces.
El 5 de septiembre, luego del desfile militar por el 44 aniversario del Ejército de Nicaragua, la esposa y vicepresidenta del dictador de Daniel Ortega lanzó más epítetos en contra de quienes considera opositores, llamándoles «vampiros» y «chupa sangre».
Murillo dijo que sus críticos «han salido corridos (del país) por el espíritu del pueblo que vemos ahí en nuestro Ejército» y advirtió que «con la paz no se juega». Pero, reparó en que «todavía hay sus cuatro vendepatrias, afuera o adentro» de Nicaragua.
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La defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina señaló que con estas declaraciones, la pareja en el poder acepta que «en Nicaragua existe un pueblo que está resistiendo» y la aparente pasividad de los ciudadanos responde al «temor de ser asesinados» por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
Esto ha provocado que la denuncia de los opositores haya disminuido «porque creen que con el silencio lograrán que los dejen de asediar y vigilar o que los van a sacar de prisión; pero, hasta sus propios trabajadores en el Estado están denunciando y evidenciando sus arbitrariedades», añadió.
El activista político Héctor Mairena coincide en que Murillo, a través de su «lenguaje de odio», admite que «no han podido destruir la resistencia cívica contra la dictadura, pese a la represión, el exilio y la cárcel».
Sin embargo, reconoce que hay una amenaza contra los ciudadanos que se encuentran dentro del país. Además, a las declaraciones de Murillo se suma el reciente ataque del jefe del Ejército, Julio César Avilés, contra opositores y periodistas, advirtió Mairena.
«Ortega y Murillo saben que no tienen control sobre la ciudadanía y, por eso, ejercen violencia, amenazas, secuestros y asesinatos. Demuestran su debilidad», dijo por su parte la dirigente de la oposición Tamara Dávila.
La excarcelada y desterrada política explicó que el régimen intenta crear un «Estado de silencio y terror» ante la falta de control social y el descontento de una población que cada día sufre más la carestía de la vida.
Por ello, utiliza la política de «puerta giratoria» (movimiento de altos cargos entre el sector público y privado) y se observan picos de represión.
El activista político Juan Diego Barberena concuerda en que la dictadura evidencia el «terror que tiene a que haya una movilidad política y social en la calle» y que esta animadversión al régimen pueda capitalizar una serie de demandas de la ciudadanía.
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