El régimen de Daniel Ortega destituyó a Berman Martínez Martínez como secretario de organizaciones del partido Frente Sandinista en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirmó el exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán.
«Era el encargado de estructurar, controlar y movilizar al personal en “misiones” políticas que van desde rotondear hasta participar en operaciones fuera del margen de la ley», dijo en su cuenta en X (antes Twitter).
El magistrado sandinista Marvin Aguilar era el único que estaba sobre él como operador político en ese Poder del Estado, aseguró Morazán.
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Por ahora, Martínez mantiene su puesto como funcionario del Estado. Desde su cargo como secretario general administrativo de la CSJ, «es quien se encarga de asignar desde un cupón de combustible hasta el pago a trabajadores fantasmas o la construcción de un complejo judicial», señaló.
Apartan a coordinadores de «granja de troles» en la CSJ
La «barrida» fue en la «granja de troles» instalada en el CSJ, según el medio Confidencial.
El reporte señala que junto a Martínez también fueron destituidos Walter Sobalvarro, exdirigente de la Juventud Sandinista en Managua y director de la oficina de Servicios Generales en la CSJ, y el sindicalista Carlos Alberto López Tinoco, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua (Confetrajun).
Estos servidores del régimen de Daniel Ortega coordinaban la red de «troles» en la Corte, cuya función es divulgar propaganda de la dictadura y atacar a los disidentes en las redes sociales.
Los despidos y «renuncias» dentro del Poder Judicial han sido una constante en el último año. Entre los expulsados se encuentran Ruth Tapia Roa y Katia Jaentschke, hija del diplomático Valdrack Jaentschke Whitaker. Así como Ileana Pérez López, quien presentó su renuncia como magistrada alegando «motivos de salud».
En la «lista negra» también se encuentran Roberto Larios, quien era el eterno vocero del Poder Judicial; y Moisés Astorga; María José y Hans Camacho Chévez, exasesores de la magistrada Alba Luz Ramos. Estos fueron encarcelados y posteriormente desterrados a Estados Unidos y desnacionalizados en febrero, por órdenes de Ortega y su vicepresidenta, Rosario Murillo.
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