El Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluidos policías y personal militar, funcionarios penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública, así como a actores no gubernamentales que apoyan al régimen a agredir los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La institución estadounidense anunció las sanciones en su página web, donde también expuso que van contra todos los que se prestan a reprimir a las organizaciones civiles y a que la dictadura se aproveche de la vulnerabilidad de los migrantes.
Van más de 1,400
Las restricciones de visas a operadores de la dictadura se comenzaron a imponer de que, en noviembre de 2021, el presidente Joe Biden «emitió una Proclamación Presidencial restringiendo la entrada a Estados Unidos de aquellas personas responsables de amenazar la democracia en Nicaragua».
Desde entonces, Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a más de 1,400 funcionarios nicaragüenses, especialmente contra aquellos cómplices de violaciones de derechos humanos y prácticas corruptas, explica el comunicado del Departamento de Estado.
EEUU restringe visas a colaboradores de Ortega-Murillo por tráfico de migrantes
Estados Unidos no retrocederá
Según el escrito, debido a que los dictadores Ortega y Murillo continúan encarcelando a opositores y a quienes piden democracia y libertad de expresión y religiosa, los Estados Unidos sigue pidiendo a la comunidad internacional que garantice la rendición de cuentas de los represores en Nicaragua y de quienes les apoyan.
«No cejaremos (retroceder) en nuestro apoyo a los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense», sentencia el comunicado del Departamento de Estado.
Estas restricciones de visas complementan las acciones tomadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para sancionar a tres entidades con sede en Nicaragua, incluido un centro de capacitación ruso con sede en Nicaragua, que ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua, y dos compañías auríferas afiliadas al gobierno que generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo y el Centro de Capacitación del Ministerio del Interior ruso en Managua como actor clave en la expansión del estado policial represivo de Ortega-Murillo.
Igualmente, el escrito habla de brindar información que alerte a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que el régimen Ortega-Murillo y los contrabandistas están facilitando la migración irregular y las redes de tráfico y tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos.
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