El IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda en Nicaragua (CEPOV) resultó ser un fiasco más de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues no convence a los pobladores, a la comunidad internacional, ni siquiera a los mismos encuestadores contratados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
A la importante encuesta se le acusa de todo, según un estudio realizado por el organismo Urnas Abiertas: retrasos porque debió finalizar el pasado 29 de mayo y aún no se informa de su conclusión, desconfianza porque los nicaragüenses se vieron obligados a mentir ante la mala reputación de espionaje que tiene la dictadura, mala calidad porque la comunidad internacional duda de las estadísticas nacionales y corrupción porque hay malos manejos del presupuesto del empadronamiento.
Los encuestadores, según el instrumento de recopilación de datos utilizado, y al cual Urnas Abiertas tuvo acceso, llegaron preguntando de casa en casa las características de las viviendas, sobre los integrantes, la economía familiar, entre otros aspectos.
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Desconfianza de la población
El instrumento también buscaba identificar el estado de las viviendas e, incluso, averiguar sobre la migración. «No en todos los hogares hicieron estas preguntas y, en otros hogares, las personas prefirieron dar información errónea debido al clima de desconfianza en el que se realizó el Censo Nacional», especificó Urnas Abiertas.
Fueron 7,966 encuestadores, a las que se les prometió pago de transporte, pago extra por fines de semana, un bono al finalizar e incluso un bono por el treceavo mes, pero nada de eso sucedió. «Nos dieron el pago que estaba en el contrato, que eran nueve mil córdobas y ya», se quejó con Urnas Abiertas una encuestadora.
Malos manejos presupuestarios
Otros reportes recibidos por Urnas Abiertas demuestran la inconformidad entre los empadronadores por el bajo monto que recibieron en concepto de viáticos para alimentación. Se supo que a quienes laboraron en áreas rurales les dieron 360 córdobas y 180 córdobas a los de zonas urbanas.
Se tenía previsto que el Censo terminaría a finales de mayo, sin embargo, el Inide, que está a cargo de la recolección de datos, informó que el plazo se extendió, pero no brindó explicaciones sobre el motivo, lo que, para Urnas Abiertas, evidencia «las dificultades que enfrentaron para llevar el censo a cabo».
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Retrasos
Se trata de un censo que debió realizarse en 2015, porque el anterior se realizó en 2005, pero la dictadura mostró interés hasta en agosto del año pasado 2023. En el 2018 pudieron hacerlo, pero las protestas lo impidieron, explica Urnas Abiertas.
Encima, se desconoce si el censo ya terminó o continúa.
Mala calidad de las estadísticas
La preocupación de la comunidad internacional, por la mala calidad de las estadísticas nacionales, está demostrada por los fondos que han desembolsado a través de préstanos para que el régimen mejore el Sistema Estadístico Nacional (SEN), señala el organismo.
Urnas Abiertas también revisó las finanzas públicas y encontraron prácticas irregulares en el manejo presupuestario del censo nacional. «El hallazgo más llamativo es la opacidad tanto del gobierno como de las instituciones financieras internacionales que han brindado recursos directa e indirectamente para ejecutar este censo», lamentó el organismo.
Redacción Central
