La posible designación de Marco Rubio como secretario de Estado bajo la presidencia de Donald Trump ha generado grandes expectativas acerca del impacto que tendría en el panorama político de América Latina, especialmente en los regímenes autoritarios de Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El senador estadounidense Marco Rubio ha sido uno de los políticos más firmes en la condena al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
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A través de sanciones, leyes como la NICA Act y un continuo llamado a la acción internacional, Rubio ha mantenido su postura de que Nicaragua necesita un cambio democrático urgente.
Desde la crisis de 2018, Rubio ha utilizado su plataforma en el Senado y su influencia política para presionar al gobierno nicaragüense y abogar por una mayor intervención internacional.
Nicaragua Investiga le presenta un conteo sobre los cinco momentos más significativos en los que Marco Rubio ha intensificado su presión sobre Ortega y que sostienen la expectativa de un endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos hacia el régimen de Nicaragua.
1. Al inicio de la crisis política y el llamado a la comunidad internacional (2018)
En abril de 2018, cuando Nicaragua fue sacudida por una serie de protestas masivas contra el gobierno de Ortega, el senador Rubio fue uno de los primeros en señalar la represión violenta del régimen.
Rubio se posicionó rápidamente en defensa de los derechos humanos en Nicaragua, criticando fuertemente el uso de la violencia por parte de la policía y paramilitares del gobierno.
En medio de la crisis, Rubio instó a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los Estados Unidos, a aplicar sanciones más severas contra el régimen nicaragüense.
En una declaración en el Senado en mayo de 2018, Rubio destacó que la represión de Ortega no podía quedar impune y advirtió sobre las consecuencias de permitir que el régimen continuara con su accionar represivo.
Además, exigió la liberación inmediata de los prisioneros políticos y la restauración de las libertades fundamentales en el país.
2. Sanciones y la Ley Renacer (2018)
En diciembre de 2018, el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley Renacer (NICA Act), una ley impulsada por Marco Rubio y otros legisladores que busca aplicar sanciones a altos funcionarios del gobierno de Ortega y a aquellos que han estado involucrados en violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Esta ley establece que los Estados Unidos pueden bloquear el acceso de Nicaragua a préstamos y financiamiento internacional, además de imponer sanciones a empresas y personas vinculadas al régimen.
Rubio, como principal promotor de esta ley, subrayó que la legislación era una respuesta necesaria ante la represión creciente en Nicaragua.
En su discurso, recordó que el gobierno de Ortega había pasado de ser una dictadura relativamente “moderada” a una de las más brutales de América Latina, acusando a Ortega de manipular las instituciones democráticas y de utilizar la violencia para mantenerse en el poder.
3. La oposición a la «reelección» de Ortega (2021)
En noviembre de 2021, Daniel Ortega se reeligió en unas elecciones ampliamente condenadas como fraudulentas, en las que se detuvieron arbitrariamente o exiliaron a casi todos los líderes de la oposición.
Rubio fue uno de los primeros en denunciar la ilegitimidad de los comicios, tachándolos de un «fraude descarado».
En un discurso en el Senado, Rubio calificó la elección de «farsa» y exigió que el gobierno de Estados Unidos no reconociera los resultados.
En ese contexto, el senador republicano también instó a la administración Biden a fortalecer las sanciones y aumentar la presión diplomática contra Ortega. Además, destacó que el fraude electoral no solo era una violación directa de los derechos de los nicaragüenses, sino también un desafío a la estabilidad de la región.
Al mismo tiempo, Rubio apoyó activamente las iniciativas que buscaban reforzar la lucha de los nicaragüenses por la democracia desde el exilio y en las organizaciones de derechos humanos internacionales.
4. Críticas a la represión post-electoral (2021-2022)
Luego de las elecciones de 2021, Rubio continuó ejerciendo presión contra Ortega por la brutal represión a la oposición y las protestas en Nicaragua.
En 2022, el senador repitió sus llamados a la comunidad internacional para que adoptara una postura más firme frente al régimen de Ortega.
Rubio se mostró particularmente indignado por la continuación de las detenciones arbitrarias, el cierre de medios de comunicación independientes, y la persecución sistemática de la oposición política.
En una entrevista en 2022, Rubio describió al gobierno de Ortega como un régimen “totalitario” y advirtió que la comunidad internacional no podía seguir ignorando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Insistió en que cualquier respuesta a las violaciones de derechos humanos debía incluir sanciones económicas y diplomáticas más duras contra los funcionarios cercanos a Ortega y sus aliados.
5. Exigencia de acciones en la Cumbre de las Américas (2022)
En 2022, durante la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, Marco Rubio reiteró la necesidad de una condena más amplia y robusta contra el régimen de Ortega.
En su intervención, Rubio señaló que América Latina debía ser más firme en su rechazo a los dictadores y recordó que Ortega había sido parte de una generación de líderes revolucionarios que había traicionado los ideales democráticos por los cuales alguna vez lucharon.
El senador republicano destacó que Estados Unidos debía liderar una estrategia internacional que aislara diplomáticamente al régimen de Ortega y apoyara activamente a los nicaragüenses que luchan por la democracia.
En su intervención, instó a otros países de la región a dejar de tratar a Ortega como un interlocutor legítimo, dado que su gobierno no representaba al pueblo de Nicaragua, sino a una élite corrupta que se mantenía en el poder a través de la represión.
En enero de 2024, el senador estadounidense Marco Rubio, solicitó a la administración de Joe Biden que Nicaragua fuese declarado estado patrocinador de la trata de personas.
Esto ha valido para que el presidente actual Joe Biden mantenga una orden en organismos multilaterales como Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial de no autorizar préstamos al régimen, cuya disposición se extiende hasta septiembre de 2025.
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Congresistas republicanos con altas expectativas
La posible elección de Marco Rubio como secretario de Estado bajo la presidencia de Donald Trump ha generado fuertes reacciones entre los congresistas republicanos, particularmente aquellos de origen latino, según una reciente publicación del Diario Las Américas.
De acuerdo con este medio, los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Giménez, ambos de Florida, expresaron su optimismo ante la noticia, destacando el impacto que tendría en el panorama político de América Latina, especialmente en los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Salazar afirmó que los dictadores de estos países, incluyendo a Daniel Ortega, «deben estar teniendo pesadillas», al considerar que su poder estaría en peligro con la llegada de Rubio al Departamento de Estado.
Por su parte, Giménez subrayó que los «tiranos» de estos regímenes «no duermen hoy» porque su tiempo en el poder está llegando a su fin.
Los congresistas también coincidieron en que el liderazgo de Rubio podría debilitar aún más el control de estos gobiernos, particularmente a través de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.
Salazar expresó que «ya se respira aire de libertad» y que es hora de «erradicar el cáncer del socialismo», refiriéndose a los regímenes de la región.
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