La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas cautelares para seis presos políticos que, actualmente, se encuentran en condición de desaparecidos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, demandaron la liberación inmediata de cada uno de ellos.
La CIDH le otorgó medidas urgentes a Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagot Müller, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, Carmen María Sánchez Martínez y Víctor Boitano Coleman. Se otorgaron medidas para “proteger sus derechos a la vida, integridad personal, salud y libertad personal”.
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Ellos fueron detenidos entre abril y septiembre de 2024, en una nueva escalada de secuestros, asedio, hostigamiento y espionaje contra los ciudadanos que aún se encuentran dentro de Nicaragua.
El 5 de marzo de 2025, Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, emitió la resolución en la que determinó que este grupo de personas son víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y violaciones al debido proceso, poniendo en grave riesgo la vida e integridad de las víctimas.
Sobre la detención de los presos políticos
Eddie González Valdivia, militar retirado y académico, fue detenido el 14 de julio de 2024 tras denunciar la detención arbitraria de su hermana, la periodista Nohelia González Valdivia. En su captura, fue herido de bala y sometido a golpizas antes de ser trasladado a una celda de máxima seguridad dentro de la “La Modelo”. Su familia denunció que no tiene acceso a atención médica ni a condiciones mínimas de dignidad.
Steadman Fagot Müller, indígena misquito de 71 años y ex asesor presidencial en temas de pueblos originarios, fue detenido por denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos vinculados al régimen. Él padece diabetes y necesita insulina. No se sabe si ha recibido tratamiento médico. Su familia también desconoce su paradero.
Eveling Matus Hernández, empresaria y opositora, fue arrestada el 25 de junio de 2024 sin orden judicial. Su esposo, detenido con ella, fue liberado con la advertencia de que ella seguiría presa. Sus familiares han intentado ubicar su paradero en la cárcel de mujeres, pero las autoridades no confirman si está allí.
Lesbia Gutiérrez Poveda, administradora de Cáritas Matagalpa, fue detenida el 10 de agosto de 2024 en el marco de la persecución a la Iglesia católica. No hay información oficial sobre su paradero.
Carmen Sáenz Martínez, abogada y asesora en derecho canónico de la Diócesis de Matagalpa, fue arrestada el mismo día. Las autoridades penitenciarias han permitido que su familia entregue paquetes de alimentos, pero sin confirmar si está en la cárcel.
Víctor Boitano Coleman, ex militar de 63 años, fue arrestado el 23 de abril de 2024 en su casa sin orden judicial. Él padece de hipertensión, diabetes y problemas circulatorios. Sus familiares se encuentran fuera de Nicaragua por presiones de la dictadura.
La demanda de la Corte IDH
La Corte IDH determinó que la situación de ellos es de “extrema gravedad y urgencia”, por lo que ordenó al Estado de Nicaragua liberarlos de inmediato, informar oficialmente su paradero y condiciones de detención, garantizar atención médica, alimentación y contacto con sus familiares, facilitar el acceso de sus abogados a sus expedientes judiciales y abstenerse de ejercer represalias contra sus familiares y representantes.
Aunque la Corte IDH hizo énfasis en estos seis presos políticos, en Nicaragua hay más de 100 presos políticos que se encuentran desparecidos y sus familiares no han podido verlos desde hace meses.
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