El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó de manera arbitraria y sin notificación previa las credenciales que acreditan como abogados en ejercicio a miles de profesionales del derecho en el país.

Con la anulación de estas credenciales, los abogados también perdieron el acceso al Sistema Electrónico de Causas Judiciales Nicarao, por medio del cual podían ver los expedientes de las diferentes causas abiertas y conocer el proceso.

Aunque entre los afectados, que se calculan en unos dos mil, se encuentran abogados exiliados, la mayoría se trata de profesionales aún en ejercicio dentro de Nicaragua y sin antecedentes de participación en actividades políticas u opositoras, pero sin militancia sandinista activa.

Incertidumbre e indignación

Rudy Siles es abogado y su papel como opositor visible en 2018 lo obligó al exilio en Estados Unidos ese año. El carné que lo autoriza por parte de la Corte Suprema de Justicia como abogado es el número 17560 y aunque todos estos años ha tenido acceso al sistema y sus credenciales han estado vigentes, ayer se enteró por comentarios de otros colegas que sus accesos estaban anulados.

«Al excluir masivamente a miles de colegas del registro de la Corte Suprema de Justicia, el régimen viola la Constitución, el derecho al trabajo y la independencia profesional, impidiéndonos ejercer la abogacía y el notariado por oponernos a sus políticas», dijo Siles.

Agregó que aunque él desde afuera puede denunciar «la situación es mucho más brutal para quienes permanecen en territorio nacional, especialmente en el interior del país: viven exclusivamente de su profesión y ahora quedan sin medio de vida, condenados al silencio forzado».

Se cree, por un sondeo realizado por los mismos abogados, que los perjudicados son aquellos que no simpatizan abiertamente con el sandinismo, por lo que el régimen pretendería que todos los abogados del país sean militantes de su partido completando el proceso de coptación del Poder Judicial desde todos sus eslabones.