La magistrada sandinista Alba Luz Ramos Vanegas renunció oficialmente a la presidencia y a su cargo como magistrada propietaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmó la Asamblea Nacional este viernes 28 de agosto a través de una resolución publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
La carta presentada por Ramos indica que su dimisión se formalizó el pasado 25 de agosto de 2026, argumentando supuestos «motivos de salud» para acogerse a su jubilación tras décadas al servicio del Poder Judicial. Sin embargo, la notificación oficial es vista por analistas e insiders judiciales como la formalización de una salida forzada que ocurrió en la práctica hace casi tres años.
Ramos se encontraba despojada de sus funciones de facto desde el 24 de octubre de 2023, fecha en la que efectivos policiales bajo las órdenes directas del comisionado general en retiro Horacio Rocha —asesor de seguridad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— irrumpieron en su despacho para expulsarla de las instalaciones de la CSJ y enviarla a su residencia bajo régimen de custodia de facto.
El desenlace de la purga en el Poder Judicial
La caída de Alba Luz Ramos marcó el inicio de la barrida interna más profunda ejecutada por el régimen dentro del Poder Judicial. Aquella intervención militarizada y policial conllevó a la destitución y encarcelamiento transitorio de altos funcionarios vinculados a la administración de Ramos, entre ellos el secretario general administrativo Berman Martínez y el director de Informática Martín García, en un proceso de depuración orientado a transferir el control absoluto de la administración de justicia a la copresidenta Rosario Murillo.
Con la formalización de la renuncia de Ramos, la Asamblea Nacional ha ratificado la vacante en un plenario controlado por el oficialismo. La salida de la veterana funcionaria se suma a una cadena de «renuncias» de magistrados y jueces presionados en los últimos meses, consolidando la reestructuración del supremo tribunal bajo leales directos de la pareja dictatorial.
Alba Luz Ramos, de 77 años, formaba parte de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 y ejerció como presidenta de dicho poder del Estado de manera ininterrumpida desde el año 2010. Pese a haber respaldado las decisiones jurídicas de la dictadura —incluyendo fallos que legalizaron la reelección indefinida de Ortega y la represión judicial contra opositores—, terminó siendo alcanzada por las purgas internas del Frente Sandinista.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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