El discurso de Daniel Ortega anunciando el fin de los procesos electorales en Nicaragua provocó una sacudida en el tablero político internacional, alcanzando de lleno a los sectores de la izquierda latinoamericana que históricamente guardaron silencio o matizaron los abusos del régimen.

Este 23 de julio, el Grupo de Puebla —el foro político que reúne a referentes del progresismo en la región— emitió un contundente pronunciamiento en el que califica la decisión del régimen sandinista como una «ruptura abierta con los principios democráticos más elementales».

Entre los firmantes destacan figuras de peso de la izquierda continental, como los expresidentes Alberto Fernández (Argentina) y Rafael Correa (Ecuador), además de legisladores y exministros de México, Chile, Colombia, Uruguay y Guatemala.

«La democracia no admite excepciones»

En el documento, los líderes progresistas sostienen que ningún proyecto político o antecedentes históricos pueden justificar el desmantelamiento del derecho ciudadano al voto.

«Ningún proyecto político, cualquiera sea su origen o su historia, puede situarse por encima del derecho soberano de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes y a decidir pacíficamente su futuro. La democracia no admite excepciones ni puede convertirse en una concesión del poder», enfatiza el pronunciamiento.

Aunque el comunicado reconoce las problemáticas que aquejan a los sistemas políticos de la región —como la manipulación informativa, el uso de bots y las campañas sucias—, remarca que el verdadero desafío de la izquierda es superar esos vicios sin caer en prácticas autoritarias ni dictatoriales.

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Llamado a elecciones libres sin «dobles estándares»

El Grupo de Puebla hizo un «llamado urgente» a la administración Ortega-Murillo para que dé marcha atrás en sus pretensiones de consolidar un modelo sin alternancia política, exigiendo plenas garantías para la oposición:

«El Grupo de Puebla hace un llamado urgente a las autoridades nicaragüenses a rectificar el camino, restablecer las garantías democráticas y asegurar elecciones libres, competitivas y con plenas garantías para todas las fuerzas políticas. La democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho deben ser defendidos con la misma convicción, sin dobles estándares y sin importar el signo ideológico del gobierno de turno», señala el escrito.

Aseguran que también rechazan los intentos de usar estas acciones de Ortega para justificar «intervenciones militares o sanciones contra el pueblo nicaragüense».

*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.