Este 8 de noviembre de 2026, el calendario democrático original marcaba el día en que los nicaragüenses debían elegir presidente. No ocurrió. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, lo dejó claro en un mensaje público: “No hemos olvidado que los nicaragüenses deberían estar votando en elecciones presidenciales hoy, mientras el cuarto mandato consecutivo e ilegítimo de Daniel Ortega se acerca a su fin”.
Segura describió a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como “dos déspotas” que reescribieron las reglas durante los últimos cinco años para quitarle a la ciudadanía el derecho a elegir a sus gobernantes. Washington y sus aliados democráticos regionales, afirmó, mantienen el compromiso de impulsar el proceso ministerial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que sea el pueblo nicaragüense —y no la pareja en el poder— quien decida el rumbo del país.
Cómo se llegó a este punto
La cancelación de los comicios de noviembre de 2026 no fue improvisada. En 2025 el régimen aprobó una reforma constitucional que modificó la mayoría de los artículos de la Carta Magna, alargó el mandato presidencial, creó la figura de la copresidencia para Murillo y habilitó la reelección indefinida.
En julio de 2026, durante el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega declaró públicamente que Nicaragua “no volvería a celebrar elecciones”. Semanas después, en septiembre, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo dio un paso más: extendió los mandatos de seis a siete años y desplazó de facto los próximos comicios hasta 2028. La ratificación definitiva está prevista para enero de 2027.
El contexto de la represión
El cierre institucional va acompañado de una represión constante. Organizaciones de derechos humanos han documentado decenas de presos políticos, desapariciones forzadas y un patrón de detenciones desde las protestas de 2018. La OEA, por impulso de Estados Unidos y con respaldo de numerosos países miembros, convocó en octubre de 2026 una Reunión de Consulta de Cancilleres que exigió la liberación de presos políticos, la restauración de libertades civiles y condiciones para elecciones libres. También creó un Grupo Ministerial de Seguimiento con plazo para presentar recomendaciones.
Washington ha aplicado además sanciones a familiares de la pareja gobernante, funcionarios y empresas vinculadas al régimen, además de restricciones de visado a miles de personas relacionadas con el gobierno. El secretario de Estado Marco Rubio ha calificado al régimen de “enemigo de la humanidad” y ha pedido a socios internacionales que corten relaciones comerciales habituales con lo que describe como una dictadura.
Qué sigue
El Grupo Ministerial de la OEA debe presentar sus recomendaciones antes de que se cumpla el plazo de 60 días fijado en octubre, lo que sitúa ese informe a inicios de diciembre de 2026.
Mientras tanto, el mensaje de Segura del 8 de noviembre deja claro que Washington no considera cerrado el capítulo electoral de Nicaragua y que seguirá usando los mecanismos regionales para presionar por la restauración del derecho a votar.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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