El Gobierno de Keiko Fujimori, en Perú, emitió el 2 de septiembre de 2026 un comunicado oficial en el que rechaza de forma enérgica la reforma constitucional aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Lima sostiene que el cambio busca desmantelar lo que queda de institucionalidad democrática, impedir elecciones competitivas y consolidar el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según el Comunicado Oficial 015-26 del Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa constituye “un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal” nicaragüense y viola de manera flagrante la Carta Democrática Interamericana, además de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El texto peruano afirma que en Nicaragua ya no existen condiciones mínimas para comicios libres, justos y competitivos.
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La reforma, votada por unanimidad el 1 de septiembre en una sesión extraordinaria en León, prohíbe la participación de partidos opositores, califica a críticos y exiliados como “traidores a la patria” o “golpistas” y alarga de seis a siete años los mandatos presidenciales, legislativos, municipales y de las cúpulas del Ejército y la Policía. Para entrar en vigor necesita una segunda aprobación a partir del 18 de enero de 2027.
Criminalización de la oposición política
Perú denuncia además que el aparato estatal nicaragüense criminaliza de forma sistemática a la oposición democrática. Frente a ese escenario, el Ejecutivo llama a la comunidad internacional, a los órganos de Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos a activar de inmediato todos los mecanismos disponibles para impedir que se consolide una dictadura.
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— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) September 3, 2026
El comunicado cierra con el compromiso de Lima de seguir al lado del pueblo nicaragüense, de los presos políticos, de los exiliados y de quienes son perseguidos por defender la posibilidad de votar en libertad.
La posición peruana se suma a las críticas ya expresadas por varios gobiernos de la región, la Unión Europea, el secretario general de la OEA y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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