La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó el pasado viernes que eventuales operaciones terrestres de fuerzas estadounidenses en territorio costarricense “le harían muy bien a la seguridad nacional”, siempre que persigan objetivos compartidos contra el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Lo dijo en una entrevista con Reuters, publicada el 4 de septiembre de 2026. Dejó claro, al mismo tiempo, que no hay ningún plan concreto en marcha y que cualquier paso de ese tipo exigiría aprobación legislativa.
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Fernández, quien asumió en mayo tras ganar las elecciones de febrero, explicó que el tema se conversó hace meses con Washington. En esa ocasión, según relató, detalló los canales legales que Costa Rica exigiría. El país abolió el ejército permanente en 1949 y la Constitución reserva al Congreso la autorización para el ingreso de tropas extranjeras.
El contexto es el de un país que durante años se vendió como excepción pacífica en Centroamérica y que ahora enfrenta niveles de violencia ligados al narcotráfico que siguen siendo históricamente altos, pese a una baja.
En el primer semestre de 2026 los homicidios cayeron 14% respecto al mismo período de 2025, según el Organismo de Investigación Judicial: 381 casos. Fernández reconoció, no obstante, que el crimen asociado al tráfico de drogas sigue siendo el principal problema nacional. Por eso no pedirá, por ahora, un estado de excepción ni el levantamiento de garantías, medidas que sí mencionó en campaña.
Malas, muy malas noticias para la dictadura de Nicaragua, Costa Rica se muestra abierta a posibles operaciones militares de Estados Unidos en el terreno para combatir narcotráfico y crimen organizado. El régimen de Nicaragua está nervioso y atento. Presión indirecta. pic.twitter.com/Fq7G5OaGH3
— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) September 7, 2026
Costa Rica ya coopera con Estados Unidos en patrullajes marítimos y es miembro fundador de la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar acciones contra carteles. A mediados de agosto, Washington habló de extender la presión a tierra junto a socios regionales. Fernández también ha impulsado una línea de mano dura. Confrontación con el Poder Judicial —al que acusa de pocas condenas, infiltración y persecución política—, más medidas en cárceles y una megacárcel inspirada en el modelo de El Salvador.
La lectura desde Nicaragua
El exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields interpretó el gesto como una mala noticia para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un mensaje del 7 de septiembre, sostuvo que Costa Rica se muestra abierta a posibles operaciones militares de Estados Unidos en el terreno contra el narcotráfico y el crimen organizado, que el gobierno nicaragüense está “nervioso y atento” y que se trata de “presión indirecta”.
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McFields, periodista exiliado y crítico habitual de Managua, no afirma que exista un operativo diseñado contra Nicaragua. Según el exdiplomático, un vecino desmilitarizado que acepta, al menos en el discurso, la posibilidad de presencia terrestre estadounidense contra redes transnacionales cambia el entorno de un régimen ya aislado y bajo sanciones. Costa Rica y Nicaragua comparten una frontera sensible al contrabando, la migración irregular y las rutas del tráfico.
Por su parte la presidenta Fernández reafirmó a Estados Unidos como aliado, dijo mantener una relación “equilibrada y sana” con China y dejó en estudio un eventual traslado de la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. También defendió la emisión de eurobonos para canjear deuda y destinar más recursos a seguridad, un proyecto que enfrenta resistencia en una Asamblea donde el oficialismo no tiene mayoría calificada.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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