El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que el próximo 30 de noviembre expedirá un decreto que establecerá, por primera vez con coordenadas precisas, las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La medida busca completar una obligación pendiente desde 1978 y reafirma la posición colombiana de que no renunciará a ningún espacio marítimo en el Caribe, pese a los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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Según el mandatario, el decreto permitirá “medir, cartografiar y publicar lo que es nuestro” con la exactitud que exige el derecho internacional. La fecha elegida coincide con el aniversario de San Andrés. De la Espriella enmarcó la decisión como el cumplimiento de una “deuda histórica de 48 años”, en referencia a la Ley 10 de 1978, que ordenó trazar las líneas de base del conjunto de islas. Mientras esas líneas se fijaron para la costa continental en 1984, el archipiélago nunca contó con una delimitación oficial mediante coordenadas.
El presidente sostuvo que el Ejecutivo está decidido a defender “hasta el último rincón” del territorio. En sus declaraciones enfatizó: “Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a un pescador”. Además anunció medidas complementarias: mayor presencia de la Fuerza Pública, modernización del registro de embarcaciones bajo bandera colombiana, impulso a la infraestructura portuaria, apoyo a la pesca artesanal, desarrollo del turismo náutico y generación de empleo. El objetivo declarado es convertir al archipiélago en un nodo estratégico marítimo y logístico del Caribe.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó el anuncio. Señaló que el fallo de la CIJ de 2012 —que reconoció la soberanía colombiana sobre las islas pero otorgó a Nicaragua amplias zonas de zona económica exclusiva en el Caribe— resulta “inaplicable en su literalidad”. Lara explicó que Colombia llegó a La Haya con una delimitación incompleta: los jueces vieron “un reguero de puntitos en el mar” en lugar de un archipiélago administrado y defendido como unidad. Añadió que habrá diálogo de buena fe con Nicaragua sobre el fallo, pero partiendo de que los límites colombianos son inalienables.
En 2012 la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago, pero amplió de forma significativa las aguas bajo derechos de Nicaragua. En 2023 la misma corte rechazó la pretensión nicaragüense de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas contadas desde su costa. El Gobierno de De la Espriella busca que las aguas que rodean las islas sean tratadas como aguas interiores colombianas, aunque parte de esos espacios quedaron dentro de la zona económica exclusiva nicaragüense según la sentencia de 2012.
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La decisión llega después de que el presidente realizara una alocución desde un buque de la Armada en el Caribe y se enmarca en una política de reafirmación de soberanía marítima. Queda por ver cómo responderá Nicaragua y si el diálogo bilateral que propone Bogotá logra avances o si el decreto reaviva tensiones diplomáticas en la región.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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