La aplanadora sandinista dice estar preparada para aprobar las reformas a las leyes judiciales y establecer la cadena perpetua en Nicaragua, a pesar que no ha pasado ni siquiera una semana de que Daniel Ortega ordenara a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) preparar la propuestas, que según opositores pretende ser usada con fines políticos.
Trabajadores de las instituciones públicas están siendo obligadas a firmar un documento respaldando la orientación de Ortega a la Corte de Justicia, revelaron fuentes del Ministerio de Gobernación.
Las reformas, según Ortega- tienen como fin castigar los «crímenes de odio». El diputado oficialista Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Asamblea Nacional señaló a la Voz de América que están preparados para aprobar la cadena perpetua, pese a que aún ni siquiera han sido presentadas las propuestas.
«Mirá, ahorita con la ley que vamos aprobar en la Asamblea (Nacional) de cadena de perpetua, están diciendo que es para caerle a la oposición, los que se van a fregar son los violadores, por ejemplo el que mató a las muchachitas, ese que estaba en los tranques de Caribe», señaló Navarro sin mostrar prueba alguna de lo que decía.
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«Por eso es que están brincando un montón de delincuentes que están amparados en la oposición«, añadió Navarro. Según juristas consultados por Nicaragua Investiga es preocupante el vacío que existe en el anuncio de las reformas a las leyes pues se habla de “delitos de odios” no determinados, mismos que en Venezuela han sido aplicados para restringir y reprimir a opositores.
“Pareciera que esa es la línea que pretenden ejercer o continuar en Nicaragua, tratando de justificarla aplicándosela a violadores cuando en este país los violadores han sido liberados por este régimen, demostrando que no hay estado de justicia y si no hay en el pasado no puede haber en el futuro”, sentencia.
En Venezuela el régimen de Nicolás Maduro estableció en 2017 la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.
El proceso para establecer la cadena perpetua
Juristas consultados por este medio señalan que para establecer la cadena perpetua se debe realizar una reforma constitucional, que corresponde proponerla al Presidente de la República o un tercio de los diputados de la Asamblea Nacional, en donde Ortega mantiene el control. La forma establecida inicialmente por Ortega es totalmente ilegal, señalan los expertos pues evidencian el control que el mandatario tiene sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al ordenarle trabajar en la propuesta de reformas.
Posteriormente las propuestas de reformas deberán ser sometida a una consulta por parte de una Comisión Especial, que tendrá un plazo de dos meses para dictaminarla y someterla a la aprobación de los legisladores sin ningún tipo de trámite urgente a como Ortega suele hacerlo.
“Pareciera más bien que hay el deseo de utilizar el Poder Judicial sometido y falto de independencia para castigar a la oposición y prensa argumentando que informan un discurso de odio como se ha querido señalar en Venezuela. Esto es grave, esta propuesta debemos rechazarla por las razones ya argumentadas”, valora Pallais.
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