A través de una nota de prensa, el gobierno de Daniel Ortega «condena enfáticamente» la supuesta politización y selectividad de «países específicos» que según el oficialismo mantienen una «guerra ininterrumpida y cruel contra nuestros Pueblos, y en particular contra Venezuela, Cuba y Nicaragua».
El gobierno no menciona cuáles son esos países específicos que supuestamente coluden en contra de su administración y la de sus aliados de Venezuela y Cuba, pero si acusó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fundamentar «sus llamados Reportes o Informes, en la Agenda mediática y los decires calumniosos y difamantes, de Organismos que no representan la Vida de los Pueblos».
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«Los Organismos de Naciones Unidas, necesarios, como siempre, no pueden continuar distorsionando, con ruidos politizados y falsificaciones, las realidades cotidianas de las Familias(…) exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los Derechos, fortaleciendo Diálogo y Paz, en un Mundo tan necesitado de Armonía y Resolución Pacífica de cualquier conflicto» se lee en el documento.
A pesar de que Ortega reclama una «resolución pacífica de cualquier conflicto» a los organismos de la ONU, el caudillo sandinista no ha sido capaz de resolver su propio conflicto sin recurrir a la violencia en el país que gobierna, si no que ha utilizado la fuerza letal a través de instituciones estatales para reprimir a sus detractores, según lo denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también contabiliza un saldo de más de 320 fallecidos a causa de la represión estatal desde abril del 2018 en Nicaragua.
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Diversos organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han sugerido a Ortega que facilite un diálogo político para encontrar una salida negociada a la crisis que afecta el país, así como consensuar reformas electorales con la oposición de cara a los comicios presidenciales del 2021, pero el mandatario se ha negado a hacerlo.
Incluso en diciembre del 2018, Ortega decidió expulsar del país a un grupo de defensores de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas que se encontraba investigando y documentando denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales. Días después, Daniel Ortega fue acusado por crímenes de lesa humanidad por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
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