Iniciativa de ley para controlar medios representa la «cubanización de Nicaragua», advierten expertos

La iniciativa de Ley llamada Ley de Especial de Ciberdelitos será aplicada a quienes cometan delitos violatorios de esa ley tanto dentro como fuera del país. Según el documento, esta Ley busca la «prevención, investigación, persecución y sanción» de los delitos cometidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Lo peligroso de esta Ley, se encuentra en el Artículo 30 en donde se receta cárcel de dos a cuatro años a quienes difundan noticias falsas y si esas publicaciones «incitan al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa» establece la iniciativa de Ley.

Ortega manda una nueva iniciativa de Ley para controlar medios digitales

El gobierno de Daniel Ortega ha catalogado como difusores de noticias falsas a todos los periodistas y medios de comunicación que critican su administración, sobre todo a los que han dado cobertura a la crisis política y las violaciones a los derechos humanos.

Alfonso Malespín, experto en temas de comunicación, considera que «la intención es sancionar a toda persona, periodista, comunicador o medio que difunda información que la narrativa gubernamental considere falsa o tergiversada».

Para el promotor de la libertad de prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, el objetivo del gobierno no es solo censurar a los medios de comunicación y sus periodistas, si no también clausurarlos y que cierren operaciones. «No es más que la cubanización de Nicaragua en temas de libertad de prensa y libertad de expresión», considera el experto.

«El artículo 30 es perverso porque claramente te habla de las noticias falsas a través de las tecnologías de la información» dice Medrano y ejemplifica que los reportes independientes de casos de COVID19 podrían ser considerados como noticias falsas debido a que se contrapone con las cifras oficiales que señala el Estado.

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Otro vacío que deja esta Ley y que Medrano considera como peligroso es que no se establece quién decidirá lo que es una noticia falsa por lo cual las autoridades tienen carta abierta para encarcelar o proceder judicialmente contra todo periodista o medio de comunicación.

Por su parte, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la iniciativa de Ley «abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las “tecnologías” para divulgar «información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra».

La iniciativa de ley también establece que la Policía Nacional y el Ministerio Público podrán intervenir en los dispositivos donde se almacene información, como teléfonos celulares o computadoras.

De acuerdo con Alfonso Malespín, la iniciativa de Ley de la bancada sandinista apunta a legalizar «acciones que han emprendido simpatizantes suyos en Managua, Bluefields y Somoto» en contra de periodistas y medios de comunicación.

Otra cosa que la iniciativa de ley busca penalizar es la filtración de información de instituciones estatales, en su Artículo 35. «Tal fuga (de información) será especialmente sancionada por doble vía: saña doble contra quien filtre informaciones y saña hacia quien publique y difunda información que señala actos irregulares, ilegales, corruptos».

Para el político opositor Eliseo Núñez, esta iniciativa de Ley es un mal cálculo político de Daniel Ortega pues «quiere dejar a los opositores sin alternativas cívicas y apuesta a que no habrá reacción interna». Según Núñez, la población continúa acumulando descontento que podría propiciar a un nuevo estallido social.

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