Ortega manda una nueva iniciativa de Ley para controlar medios digitales

Los diputados sandinistas que conforman la Asamblea Nacional remitieron una nueva iniciativa de Ley llamada Ley Especial de Ciberdelitos que tiene el fin, según el documento, de prevenir, investigar, perseguir y sancionar a quienes usen la tecnología de la información y la comunicación "en perjuicio de personas naturales o jurídicas". 

Los diputados sandinistas que conforman la Asamblea Nacional remitieron una nueva iniciativa de Ley llamada Ley Especial de Ciberdelitos que tiene el fin, según el documento, de prevenir, investigar, perseguir y sancionar a quienes usen la tecnología de la información y la comunicación «en perjuicio de personas naturales o jurídicas».

La iniciativa de Ley ha sido presentada en menos de un mes que la bancada oficialista ha presentado otras dos propuestas para castigar a la oposición de cara a los comicios de 2021.

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Esta nueva iniciativa de ley busca criminalizar la profesión periodística, según lo referido en el artículo 30 del documento que habla específicamente de la publicación de noticias falsas. El gobierno de Daniel Ortega ha catalogado como difusores de noticias falsas a todos los periodistas y medios de comunicación que critican su administración, sobre todo a los que han dado cobertura a la crisis política y las violaciones a los derechos humanos.

«Quien usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población (…) se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa» detalla la iniciativa de ley.

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«Si la publicación o difusión de la información falsas y/o tergiversada incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa» establece la iniciativa de ley.

El documento también se refiere a posibles solicitudes de extradición para los periodistas que informen desde fuera del país, a como actualmente lo hacen distintas plataformas digitales.

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