Asamblea aprueba reforma a la Ley de Aguas Nacionales ¿Qué afectaciones tendrá?

Encarecimiento en el servicio del agua, abandono de las responsabilidades ambientales, exclusión de los espacios de participación. Conozca las consecuencias que tendrían estas reformas para los ciudadanos nicaragüenses.

Este jueves la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley General de Aguas Nacionales con el fin de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) absorba al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) para contar con una única entidad reguladora de los recursos hídricos en el país.

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Con 74 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los diputados del parlamento aprobaron la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales.

De acuerdo a las intervenciones realizadas por algunos diputados sandinistas, la absorción «permitirá mejorar la atención en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento» y niegan que esta busque la privatización de los recursos hídricos como alertaron con anterioridad algunos especialistas en el tema. La Ley plantea la creación de dos comisiones, una para planificar proyectos, y otra para administrar los recursos hídricos, con el fin de sustituir a las actuales instancias dedicadas a estas funciones.

Sin embargo, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, alertó el día de ayer que la desaparición del INAA forma parte de una «voluntad política» del gobierno de centralizar todas las instituciones conforme a sus intereses y mostró preocupación por el hecho de que ANA es una institución que ha sido «altamente cuestionada en el pasado por falta de transparencia y por acciones arbitrarias».

Para Healy la creación de estas dos comisiones no solucionarán el problema de fondo y solo se trasladarán funciones a comisiones que volverán más burocrática la tramitología, por lo que hasta el momento el sector privado sostiene que no existen ningún estudio técnico que justifique los cambios a la Ley.

Michael Healy, presidente del Cosep | NI

«Prácticamente ni agiliza ni soluciona los problemas que hemos tenido nosotros con el tema del agua, solo se centralizan todas las decisiones en la presidencia» señaló Healy.

Ley privatiza el agua

Ruth Selma, ex directora ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), afirma que esta es una ley que transforma no solamente los principios, el enfoque y visión inicial, sino que «está siendo totalmente modificada para dar paso a la realización de los negocios con el agua».

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Y aunque la palabra ha sido negada en reiteradas ocasiones por la bancada sandinista durante la sesión parlamentaria, se trata efectivamente de una privatización del agua, pues se estarían otorgando las concesiones a agentes privados. Esta nueva ley agrega al menos 10 nuevas funciones al ANA entre las cuales están normar los procedimientos para las empresas privadas, regular y fiscalizar las prestaciones de los servicios de agua potable y saneamiento, regir el diseño y administración de todos los sistemas, e incluso imponer sanciones administrativas a los usuarios y/o prestadores de servicios que infrinjan las normativas.

Selma destaca que las competencias del sector público no pueden ser transferidas al sector privado, ya que este tiene sus propios intereses que son la maximización de sus ganancias y negocios, por lo que poner a manos de este el manejo del suministro de agua y la recolección de aguas residuales como un negocio pueden dejarse de lado puntos claves como la protección del medio ambiente.

Reforma deroga artículos sobre cuidado ambiental

La ex directora de Enacal alerta que esta propuesta de reforma a la Ley 620 deroga varios artículos que aseguran la protección ambiental «y flexibilizan la tolerancia para las empresas que puedan estar en este negocio, descuidando la urgencia de cuidar los recursos hídricos». A través de esta reforma queda derogado el artículo 97 que protege el lago Cocibolca y el 98 que protege al Xolotlán, pero también se deroga el artículo 129 que establece una larga lista de todos los delitos ambientales que deben evitarse en aras de no contaminar el agua, advierte Selma.

Para la experta en el tema, esta ley construye mecanismos en cada uno de sus artículos reformados para abrir espacios a agentes privados que administrarán el destino de las aguas residuales «con el agravante que en Nicaragua hay una gran tradición de manejarlas mal y crear focos de contaminación», por lo que considera de vital importancia asegurar un ciclo que permita proteger los recursos hídricos.

«Si no cuidamos las actuales fuentes de agua, sean superficiales o subterráneas, vamos a ir gradualmente perdiendo esas fuentes y las empresas que administren de forma privada el agua y saneamiento no se van a ocupar de esa tarea, ni siquiera de asegurar la calidad del agua» alega.

Ruth Selma Herrera, exdirectora de Enacal. Archivo NI

Riesgos sobre el agua potable

En julio de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, el cual Selma sostiene debe ser tutelado por el Estado en cantidad y calidad suficiente.

De acuerdo a la experta, el 90% del agua potable que se distribuye en Nicaragua proviene de pozos porque los ríos están contaminados, no solamente de la basura, de animales muertos, de llantas o de bolsas plásticas, sino también de agroquímicos, de tóxicos, de una gran cantidad de productos que usa la industria y que son lanzados irresponsablemente a cualquier cauce o río, y considera que la situación ambiental se agravaría aún más al ser manejada por la empresa privada.

Cortesía

Y recuerda que existen varias urbanizadoras que de manera incorrecta han estado manejando los sistemas de agua, muchas de estas no reúnen los requisitos de calidad dado a los altos niveles de minerales que son dañinos para la salud, y cómo no hubo forma de que se volvieran a abrir otros pozos pues «la empresa privada no estará velando por la calidad».

«Si no se invierte adecuadamente en agua potable y no te la aseguran vos no vas a tener buena salud sufrirás de enfermedades gastrointestinales o que te pueden crear algún tipo de insuficiencia, o crear una falta de higiene» y resalta que estas enfermedades hídricas se padecen mayormente en países en vías de desarrollo como es Nicaragua.

Aumento en el costo del agua

El presidente del Cosep sostuvo este miércoles que la Ley «pone en evidencia la burocracia recaudatoria del gobierno» ya que considera que su objetivo es «sacarle mas dinero a los nicaragüenses». De igual forma, Selma recuerda que existen concesiones e inversiones recientes que se llevaron a cabo con fondos de cooperación externa, pero como ahora estas pasarían al sector privado, este obtendría las ganancias y los usuarios perderían los beneficios de estar recibiendo esa cooperación.

También destaca que la reforma a la Ley establece que a los agentes privados se les quitará el 3% de su facturación para entregárselo a ANA, es decir que «desde el anteproyecto de reforma de la ley se informa a los usuarios que se les sacará al menos un 3% de la bolsa» y cuestiona  en qué proporción estará subiendo el precio del agua.

«Hay un encarecimiento real y ese va en ascenso por diferentes condiciones» sostiene la experta, como el hecho de que suba el combustible, o porque extraer agua del pozo es más caro, o porque las rupturas de los tubos son frecuentes por los sismos, todos esos costos se transfieren directamente a la factura de los ciudadanos y el tratamiento de las aguas residuales también representarán un alto cobro.

Selma destaca la importancia de proteger los recursos hídricos y garantizar el suministro del agua a través de una entidad que maneje este recurso a gran escala para poder amortiguar los costos en los sectores más vulnerables donde el agua es más distante y que asegure al mismo tiempo su calidad.

¿Cómo afectaría la reforma a los ciudadanos?

La aprobación de reformas a la Ley General de Aguas Nacionales provocaría un proceso de encarecimiento en el servicio del agua, además de presentarse un despojo de derechos al privatizar el recurso, un abandono de las responsabilidades ambientales, de descuido de las fuentes de agua, y una exclusión de los ciudadanos en los espacios de participación —los comités— por lo que se limitaría el derecho a opinar, incidir o reclamar frente a cualquier problema —como una insatisfacción en el servicio o una queja por alzas en la tarifa— según lo explicado por Selma.

Archivo: NI

«¿Vas a ir a la institución que maneja las concesiones, te hace los estudios para esas empresas que quieren concesiones, y después va a ser el árbitro defendiéndote a vos? eso no se lo cree nadie porque destruyen el ente rector que supuestamente regulaba y defendía a los usuarios y lo introducen dentro de ese cuerpo empresarial» alega.

Selma advierte que estos cambios a la Ley «nos hacen retroceder al menos 50 años de nuestros derechos, porque esa ley es el resultado de años de lucha, de sensibilización, de educación ambiental». Y destaca que aunque se cuenta con una de las leyes más progresistas de América Latina el problema es que las autoridades no desean cumplirlas y prevalece un «abandono deliberado» por parte del gobierno en cuánto a la oferta de educación ambiental.

La experta urge a la implementación de una labor educativa permanente en cuanto al cuido de las fuentes de agua. «En un país tan pobre, con tanto desempleo, con un sector informal que se está muriendo de hambre, con empresas que están quebrando, con sectores comunitarios como la Costa Caribe que están quedando en la calle ¿Qué escenario económico tenes para que se hable de la privatización? la verdad que es un crimen todo esto».

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