Ortega consolida su tridente de leyes ¿Se pueden evadirlas? Esto dicen algunos expertos

Después de que se apruebe la reforma en segunda legislatura en la Asamblea Nacional el próximo mes de enero, los parlamentarios también deberán reformar el Código Penal, para que así se pueda imponer la cadena perpetua sin restricciones.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó recientemente en primera legislatura una reforma constitucional que contempla la pena de cadena perpetua en el país, y que sería ratificada en enero del próximo año en segunda legislatura, para su posterior entrada en vigencia. Esta sería la tercera de un tridente de leyes que la oposición política del país ha denunciado que busca reprimir sus derechos civiles y políticos.

Esta reforma contempla la anexión de un nuevo párrafo al artículo 37 de la Carta Magna, el cual establece que «se impondrá la pena de prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional».

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Las otras dos leyes que completan este tridente son la Ley Especial de Ciberdelitos que busca acallar a ciudadanos y periodistas que critiquen la administración de Daniel Ortega en redes sociales, y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que busca controlar el financiamiento que reciben las organizaciones opositoras.

La abogada Karla Sequeira de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ve con preocupación el tridente de leyes, pues considera que vulnera los derechos de los nicaragüenses y que se marca un retroceso en materia legal que favorece al gobierno y su política represiva contra sus disidentes.

En particular, la Ley de Cadena Perpetua «va a ser una herramienta más adelante para los opositores que sean condenados los próximos meses o años en los cuales se van a tener que enfrentar con la cadena perpetua» explica Sequeira y menciona que el actual Código Penal de Nicaragua establece cuáles son los crímenes de odio, con los cuales se condenó a excarcelados políticos como Medardo Mairena.

Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reforma a la Constitución para imponer la cadena perpetua

El caso de Mairena considera crímenes de odio como la asonada o el terrorismo, detalla Sequeira y recuerda que las autoridades judiciales han utilizado la figura del terrorismo para juzgar a opositores.

¿Cómo sortear el tridente de leyes?

Sortear este tridente es casi imposible. El aparato estatal controlado por los sandinistas no dejó muchas opciones para burlar estas leyes. Sequeira explica que con la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aún se puede recurrir por inconstitucionalidad porque vulnera otros derechos civiles y políticos que la Constitución concede a los ciudadanos nicaragüenses.

El problema sería con la reforma a la Constitución para imponer la cadena perpetua, pues no hay manera de recurrir por inconstitucionalidad contra la misma Carta Magna. Solo se podría hacer si hubiese alguna irregularidad en el procedimiento para realizar la reforma, pero hasta el momento el proceso marcha dentro de la legalidad.

Para el experto constitucionalista Gabriel Álvarez, el verdadero problema no es la reforma a la Constitución para imponer la Cadena Perpetua, si no que es «todo el deterioro institucional del andamiaje estatal».

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Contrario a la opinión de Sequeira, Álvarez considera que la disposición de reformar a la Carta Magna no es la que deja en indefensión a los nicaragüenses, si no las instituciones que están controladas por el Ejecutivo sumado a la manipulación de las leyes y herramientas jurídicas.

«El Ministerio Público y la Policía no han dado muestras de independencia ni de rigor ni objetividad ni profesionalismo, todo lo contrario (…) están prácticamente sometidos a los lineamientos políticos del presidente y la vicepresidenta» y esa es la diferencia con otros países donde se aplica la cadena perpetua, explica Álvarez.

El experto manifiesta que los nicaragüenses ya se encuentran en la indefensión sin necesidad de realizar la reforma a la Constitución y también menciona el caso de Medardo Mairena, quien fue condenado a más 200 años de prisión y fue liberado por razones políticas.

«Lo sacaron correctamente pero no porque un juez haya dictado una sentencia de apelación revocando la barbaridad de la sentencia» de más de 200 años, comenta el abogado.

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A criterio de Sequeira, «estas leyes tienen nombres y apellidos. Están dirigidas para cierto sector de la población (…) quieren amedrentar, socavar la parte de la oposición y lo que están queriendo es callar a la población para que no hablen cosas que el gobierno no quieren que se diga».

Después de que se apruebe la reforma en segunda legislatura en la Asamblea Nacional el próximo mes de enero, los parlamentarios también deberán reformar el Código Penal, para que así se pueda imponer la cadena perpetua sin restricciones.

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