La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la mañana de este martes 10 de noviembre la reforma del artículo 37 de la Constitución Política de la República para imponer en el país la cadena perpetua por crímenes crueles, degradantes y de odio.
La reforma fue aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
El artículo 37 de la Constitución establecía que en Nicaragua no se impondrían penas que aisladamente o en conjunto excedieran los 30 años de cárcel.
La ley de reforma parcial a la Constitución estuvo bajo análisis de una comisión especial integrada por los diputados María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, Mauricio Orube, Gloria Maradiaga, Irma Dávila, Carlos Emilio López, Johana Luna Lira, Jenny Martínez Gómez, Maximino Rodríguez, Margini Vallejos Chavarría y Jimmy Blandón.
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Una amenaza para los opositores
La ley solo fue consultada con instituciones del Estado, aunque el oficialismo siempre habló de una «amplia» consulta.
El gobierno de Daniel Ortega dijo haber recogido unas 3 millones de firmas en respaldo de la ley.
Desde que Ortega dio a conocer la propuesta a mediados de septiembre pasado, lo hizo lanzando amenazas a los opositores, a quienes acusa de cometer crímenes de odio.
Estados Unidos y la Unión Europea habían advertido al gobierno no aprobar la ley, ya que de lo contrario vendrán más sanciones.
Prisión perpetua reversible
Al momento del debate, el diputado sandinista Edwin Castro manifestó que con la reforma no se pierde el “espíritu humanitario” de Nicaragua, ya que la ley establece la “prisión perpetua revisable”.
Refirió que los delitos atroces son un ataque a la sociedad y que por eso, supuestamente, la ley cuenta con 3 millones de firmas como respaldo. Para él, los diputados opositores tienen un “juego politiquero” al no respaldar la ley.
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Pueblos indígenas y afrodescendientes quedan indefensos
El diputado Brooklyn Rivera valoró que la reforma abriría una puerta penal para llevar a condiciones más vulnerables a los pueblos indígenas y afrodescendientes “desde el punto de vista de la defensas de sus territorios, los recursos naturales y sus espacios de vida”.
Rivera manifestó que el Estado de Nicaragua no cumple con su obligación de proteger las propiedades indígenas, las cuales están siendo invadidas por colonos armados patrocinados por empresas mineras, terratenientes, madereros y empresas que cultivan palma africana.
Con esta ley los indígenas pasarán de “ser víctimas a ser verdugos” o “provocadores de la violencia por defender las tierras y bienes ancestrales de sus comunidades», argumentó el diputado.
Carlos Emilio López defiende ley
El diputado sandinista Carlos Emilio López dijo que la prisión perpetua es un mecanismo de protección al derecho humano de la vida.
“Con la prisión perpetua estamos protegiendo la vida, la humanidad, la libertad y la integridad sexual de mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores”, manifestó.
A su criterio la ley “persigue evitar que se cometan delitos sanguinarios, actos inicuos, horrendos”, y por tanto, “enterrar la cultura y las prácticas de muerte y de destrucción del cuerpo humano”.
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Gente pedía pena de muerte, según diputada
La también sandinista Auxiliadora Martínez arremetió contra los medios de comunicación independientes por dudar de que se hubieran recogido 3 millones de firmas en apoyo a la cadena perpetua. Según ella, la gente en los territorios hasta pedía la pena de muerte.
Martínez insistió en que la ley será aplicada solo en circunstancias excepcionales.
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