Crisis Group insta a la UE diseñar una hoja de ruta para Nicaragua

Indica que después de las elecciones, "es probable" que los cálculos de Ortega "sean diferentes y las herramientas de presión resulten más útiles”.

Para la organización Crisis Group la represión en Nicaragua en los últimos meses “ha alcanzado niveles que no se veían en América Latina desde el final de las dictaduras de la región en la década de 1980”.

Crisis Group dio a conocer un análisis del panorama actual de Nicaragua y de la respuesta que, según ellos, debería dar la comunidad internacional a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, a las cuales califica de “amañadas”.

La organización considera que la represión ha convertido las elecciones «en un potencial foco de tensión” y “deteriorado considerablemente las relaciones entre el presidente Daniel Ortega y otras naciones latinoamericanas, EE.UU. y la Unión Europea”.

Destaca que a principios de 2021, casi tres años después de las protestas antigubernamentales del 2018, «Ortega parecía haber consolidado su control del poder a pesar de la pandemia y reafirmado su supremacía política sobre una oposición débil y fragmentada», pero que este «ha demostrado no estar dispuesto a asumir el riesgo de enfrentarse a un desafío electoral, optando en cambio por la mano dura”.

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Potencias han sido incapaces de frenar a Ortega

La organización considera que ”hasta ahora las potencias externas no han concebido una respuesta concertada capaz de influir en Managua” y que “tampoco es probable que lo logren”.

Al respecto recuerda que “ni las medidas punitivas de los gobiernos occidentales ni los esfuerzos más diplomáticos de Estados latinoamericanos de izquierda como México y Argentina han logrado convencer a Ortega”, quien al contrario ha reaccionado “con furia”.

Indica que la reelección de Ortega generará las condiciones propicias para un aumento de la inestabilidad, la crisis humanitaria y la emigración.

Amenazas de expulsar a embajadores

Crisis Group afirma que la UE ha pedido a Ortega detener “su espiral autocrática” y que en respuesta los estados  “han recibido amenazas privadas de que Managua expulsaría a sus embajadores”.

Hoja de ruta con “condiciones” para levantar sanciones

Crisis Group recomienda a la UE diseñar un enfoque secuenciado hacia Nicaragua que contemple cuatro pasos para tratar de influir en Ortega:

1- El primero es seguir presionando al líder sandinista para que “deje de arrestar a sus opositores, libere a los presos políticos y cumpla con ciertos estándares electorales básicos.

En este punto, dice que la UE «debe ponerse en contacto con los gobiernos que aún tienen canales de comunicación con Ortega en un esfuerzo por hacerle llegar este mensaje”.

2- Un segundo pasó sería trabajar con EE.UU., Canadá y otros gobiernos regionales en lo que sería “una respuesta coordinada a nivel bilateral y multilateral en caso de que se lleven a cabo unas elecciones cuestionables, lo cual podría incluir ampliar las sanciones específicas y medidas disciplinarias por parte de la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, advierte que estas deben ser «calibradas para mitigar su impacto humanitario”.

3- Igualmente exhorta a que también “en coordinación con EE. UU., Canadá y otros gobiernos regionales, se elabore “una hoja de ruta que incluya condiciones claras para levantar las sanciones y restablecer relaciones de trabajo con el gobierno de Ortega”.

“La hoja de ruta debe incluir la reanudación de diálogos con las fuerzas de oposición sobre cuestiones humanitarias y electorales, así como un marco general para una futura convivencia política”, explica.

4- Un cuarto aspecto consistiría en intensificar la ayuda humanitaria y el apoyo técnico a los países vecinos y a las agencias humanitarias, ante el aumento de migrantes y refugiados nicaragüenses.

Reafirmación del poder en medio de luchas internas entre opositores

La organización señala que “a pesar de su terrible gestión inicial de la pandemia de COVID-19” Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo lograron “restablecer un firme control sobre el país a fines de 2020”.

Subraya también que “las luchas internas entre los dos principales bloques de la oposición, encabezados por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, obstaculizaron los esfuerzos por crear un frente político cohesionado que pudiera hacer frente al gobierno”.

Destaca que Ortega está consciente de lo que pasó en las elecciones de 1990, cuando los sandinistas sufrieron una sorpresiva derrota, y que «ha puesto en marcha una descarada estrategia de coerción e intimidación”, incluyendo la aprobación de leyes como la de agentes extranjeros, ciberdelitos y traición, a lo que se suma la extensión del período de detención preventiva de 48 horas a 90 días y la designación nuevos magistrados partidarios del gobierno en el Consejo Supremo Electoral.

En este punto, señala que a partir de mayo, el gobierno inició la detención de prominentes figuras de la oposición, incluidos aspirantes presidenciales, imputándoles “cargos de conspiración y traición”, mientras que el Consejo Supremo Electoral despojaba a partidos opositores de su personería jurídica y la Asamblea Nacional hacía lo mismo con 45 organizaciones de la sociedad civil, incluidas seis ONG internacionales.

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Oposición en completo caos

Subraya así mismo que “el Estado llevó a cabo las audiencias en secreto y en ocasiones en ausencia de los abogados defensores, y los familiares han alegado que los detenidos son objeto de maltrato físico y psicológico”.

“Con políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y periodistas entre los detenidos, los grupos de oposición se encuentran en completo caos”, refiere.

Crisis Group advierte que la mayoría de los líderes de la oposición “están en la cárcel o en el exilio” y que “los cinco candidatos restantes que se presentarán contra Ortega” en las elecciones de noviembre “provienen de partidos que la mayoría de las fuerzas de oposición consideran son colaboradores del gobierno”.

Consecuencias de elecciones

La organización advierte que Ortega tiene “sólo la mitad del apoyo popular del que gozaba antes de 2018”, y que existen malas relaciones con el sector privado y la Iglesia Católica.

“Tres años consecutivos de recesión han hecho que una población que ya se encontraba dentro de las más pobres de América Latina enfrente una situación cada vez más precaria. La reciente ola de detenciones ha alimentado el descontento entre los adversarios de Ortega y puede aumentar la probabilidad de que se produzcan episodios de violencia política, que suelen aumentar en los años de elecciones”.

Indica que “es poco probable que las protestas masivas resurjan en el corto plazo dado el clima altamente represivo, la violencia estatal», aunque «la desesperación económica podrían reavivar el “espíritu de protesta”.

Refiere que “una incertidumbre adicional es que, según informes, Ortega, que cumplirá 76 años en noviembre, ha estado sufriendo problemas de salud”.

“Su repentina desaparición podría provocar disturbios si sus posibles sucesores tienen que competir por el poder, dado que no tiene un sucesor que cuente con suficiente apoyo en las filas sandinistas”, advierte.

Alentados a seguir los pasos de Ortega

Crisis Group alerta que lo que ocurre en Nicaragua podría repercutir negativamente en la región, ya que estaría “sentando un peligroso precedente en una región que está experimentando un giro hacia un mayor autoritarismo”.

“Otros líderes políticos en Centroamérica pueden sentirse alentados a seguir los pasos de Ortega, particularmente si EE. UU. da prioridad a la cooperación en el control migratorio y antinarcóticos e impone pocos costos por el retroceso democrático”, dice.

En su análisis mencionada casos como el de Nayib Bukele, en El Salvador; y la posible interferencia de Juan Orlando Hernández, en las elecciones de Honduras, “para imponer a su candidato preferido o para mantener el control de las instituciones estatales y judiciales”.

Recomienda trabajar a través de los pocos canales diplomáticos que les quedan y con las partes a las que Managua podría ser receptiva, como el Vaticano, Bolivia y Perú, y así buscar “convencer a Ortega de que cumplir con los mínimos estándares electorales le ayudará a restablecer las relaciones de trabajo con socios extranjeros e instituciones financieras”.  Dice que se debe advertir a Ortega que “sin mejoras en estos ámbitos, responderán con firmeza, incluso con sanciones específicas adicionales, si hay denuncias creíbles de manipulación electoral”.

Refiere que imponer sanciones antes de las elecciones “podría alimentar la ira de Ortega y los ataques a la oposición en lugar de aplacarlos», pero que una vez  Ortega haya logrado sus objetivos, «es probable que los cálculos del presidente sean diferentes y que las herramientas de presión resulten más útiles”.

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