El ciudadano Donald Margarito Alvarenga Mendoza, originario de Chichigalpa, municipio del departamento de Chinandega, se convirtió en el primer opositor en ser condenado por la Ley de Ciberdelitos, aprobada el 27 de octubre del 2020 por la Asamblea Nacional y vigente desde el 29 de diciembre de ese año.
Rosa Velia Baca Cardoza, jueza del Distrito Penal de Juicio de Chichigalpa, lo encontró culpable con el testimonio de siete agentes de la Policía Nacional presentados como testigos por la Fiscalía. La condena que le impuso es de 7 años y medio.
Daniel Ortega sigue incrementando sus fuerzas policiales
En base a los testimonios de los policías, Alvarenga Mendoza, de 56 años, fue declaro culpable de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, por supuestamente violar la Ley de Soberanía, y propagación de noticias falsas.
El opositor fue arrestado el pasado 6 de noviembre en la víspera de las votaciones en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron para otros cinco años en el poder.
Hasta la fecha hay varios activistas y defensores de derechos humanos acusados con la ley de ciberdelitos, entre estos, la abogada María Oviedo; el campesino Santos Camilo Bellorín; el opositor Alexis Peralta; y los activistas Nidia Lorena Barbosa, Samantha Jirón y Yoel Ibsan Sandino, entre otros.
Es una cadena de abusos de poder
El abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, manifiesta que el régimen de Daniel Ortega se asiste para condenar a los opositores de la imposición de una ley que es ilegal e inconstitucional.
“Lo que arranca con nulidad, como se dice en derecho, no se puede enderezar, lo que es nulo desde el principio nunca podrá legalizarse”, insiste.
“Esas personas permanecen secuestradas con todas las violaciones a sus derechos y garantías, el derecho al debido proceso, la detención ilegal, a su integridad física, a estar sometidos a interrogatorios intensos, torturas, aislados, desaparecidos. Esas personas desde el primer momentos no fueron detenidos legalmente (…). Todas las actuaciones sumadas constituyen una cadena de abusos de poder en violaciones a sus derechos y garantías», subraya.
El objetivo es que la gente no se exprese
Un abogado dijo bajo anonimato que la intención del régimen es intimidar a la sociedad nicaragüense.
“El objetivo que buscan es silenciar a los nicaragüenses, a los periodistas y a todo el que se les oponga y exprese su opinión abiertamente en redes sociales”, indica.
“La ley se aprobó hace más de un año, pero la gente ha continuado manifestando su rechazo, expresándose. Entonces el mensaje es: “Si no te callás, te va a pasar lo mismo”. Ellos saben que no pueden echar preso a miles y miles de personas que critican en las redes, pero sí las pueden intimidar y lograr en cierta manera su objetivo”, subraya.
Nicaragua Investiga
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