La naturaleza de la ruptura del hasta ayer embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, hace inevitable la comparación con el ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, quien dio la espalda al régimen de Ortega en enero de 2019.
Rafael Solís, conocido como «Payo», fue por muchos años un actor vital en la cimentación del poder de Daniel Ortega en Nicaragua, siendo el arquitecto de las reformas constitucionales que le permitieron permanecer en la presidencia hasta nuestros días.
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Su renuncia, «inmediata e irrevocable», la hizo pública desde Costa Rica, probablemente temiendo represalias y anticipándose a posible violencia en su contra. Solís acusó al gobierno de Ortega de implantar un «estado de terror» y sostener una «dictadura monárquica».
En la ocasión de su renuncia, Solís también renegó de su membresía en el Frente Sandinista, aunque elogió la gestión sandinista previa a 2018, alegando que antes, con Ortega, Nicaragua «al menos tenía un crecimiento económico muy alto en alianza con el sector privado y en términos generales había un Estado de Derecho y un respeto a la Constitución Política».
Entonces habían transcurrido apenas nueve meses desde que se desató la crisis sociopolítica de abril de 2018, pero las palabras de Solís se asemejan a las de McFields aunque se pronuncien más de tres años después; McFields denunció que en Nicaragua «no hay libertad de publicar un simple tuit, un comentario en las redes sociales… no hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos».
A la denuncia de McFields, el gobierno reaccionó negando que este fuera representante suyo ante la OEA en primer lugar, a pesar de haberlo nombrado en distintas ocasiones como titular del cargo. A través de un comunicado oficial, la Cancillería aseguró que McFields había sido destituido el año pasado, pero no hay evidencias de esto y sí de lo contrario.
Los medios oficialistas «borraron» toda referencia a McFields en sus publicaciones, evidenciando la orwelliana narrativa oficial. Algo parecido ocurrió con Solís. No hubo destitución y en su lugar, en el gobierno esperaron a que se venciera su plaza, en abril de 2019, para evitar leer su carta de renuncia ante la Asamblea Nacional a como ordena la ley.
En su carta, Solís denunciaba las atrocidades de la represión del régimen sandinista. En la Asamblea negaron haber recibido carta alguna de parte de Solís y una vez el plazo se venció, el gobierno siguió sus asuntos como si nada hubiera ocurrido. Esta parece ser la estrategia preferida del régimen para lidiar con funcionarios renegados.
La primera secretaria política del FSLN en renunciar
Sin lugar a dudas, la de Solís han sido la renuncia que más ha golpeado a los Ortega: El exmagistrado no solo era el operador político de Ortega en la Corte Suprema de Justicia, sino también su padrino de bodas. Pero junto a miles de simpatizantes sandinistas y trabajadores del Estado que repudiaron la masacre del 2018 y se sumaron a la demanda de justicia y el fin del régimen, hubo funcionarios de alto rango cuyas renuncias evidenciaron la verdadera convulsión que había en las filas del FSLN y en las estructuras del gobierno.
El caso más emblemáticos de todos esos fue el de Ligia Gómez, que al momento del inicio de las protestas antigubernamentales era Secretaria Política en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
Ella fue la que rebeló la reunión del 18 de abril de ese año en el Parque Japonés en la que el secretario de organización del FSLN y secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, trasladó la orden del «vamos con todo», que había orientado Rosario Murillo para acabar las protestas.
Al darse cuenta de la cantidad de muertos, Gómez se enfrentó a un dilema ético y moral y una semana después interpuso su renuncia como secretaria política, pero no a su cargo en el Banco Central. Sin embargo, el 17 de julio del 2018 la conminaron a poner su renuncia inmediata y así lo hizo. Poco después se exilió en Estados Unidos, desde donde hizo las denuncias públicas contra el régimen.
Víctor Urcuyo
El 2018 cerró con otra renuncia de alto nivel. Se trató de Víctor Urcuyo, titular de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras (Siboif). Lo hizo cuatro meses antes de que terminara su período.
Su renuncia no se supo si no casi a mediados de enero del 2019 y fue confirmada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, durante su intervención en una sesión especial de ese organismo.
Las salida de Hernán Estrada
Otro fuerte golpe a la «moral» sandinista fue la renuncia del Procurador General de la República, Hernán Estrada. Esta tuvo lugar el 7 de mayo del 2019. No hubo repudio ni denuncias ni sentimientos de culpa y menos confesiones. Dijo que se separaba del cargo por cuestiones de salud.
Se separaba del régimen el hombre que en el año 2008 dijo ente los periodistas que solo bastaba una orden de Daniel Ortega «y no quedaría piedra sobre piedra sobre ningún medio de comunicación que fuera adversario”.
Un desgrane constante
Estas quizá sean las renuncias de mayor nivel en el régimen. Sin embargo, el desgrane es constante y hay muchos funcionarios de nivel medio y bajo que con temor deciden separarse. La misma Policía, principal órgano represor del régimen, ha tenido importantes bajas, ya que no todos los agentes y jefes están dispuestos a seguir cometiendo crímenes. Por ejemplo el ex comisionado mayor Javier Martínez Ramírez, jefe departamental de Nueva Segovia, huyó hacia Estados Unidos luego de ser dado de baja deshonrosa. Supuestamente «Inteligencia» de la Policía le seguía la pista, por supuestamente sus nexos con una joven opositora.
El embajador de Ortega en la OEA, Arturo McFields afirma que existe una desafección hacia en régimen en todos los niveles y que él es prueba de ello.
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